Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF valoran el caso del envenenamiento de seis águilas imperiales registrado en una finca de Ciudad Real como el más grave de los últimos 20 años, piden una investigación en profundidad, la aplicación de medidas recuperadoras y se muestran preocupados porque la falta de medios complique la lucha contra el veneno.
La muerte de 6 águilas imperiales ibéricas que se han localizado en la Encomienda de Mudela en Ciudad Real es el episodio de envenenamiento de fauna silvestre más importante y más grave que se ha producido en los últimos 20 años. Ello es así porque afecta a una especie muy escasa y declarada en peligro de extinción, porque el número de ejemplares encontrados es muy alto y porque éstos han aparecido en una finca arrendada por el Estado.
En toda España existen sólo algo más de 300 parejas de águilas imperiales de las cuales, 114 pertenecen a Castilla-La Mancha y unas 50 están en Ciudad Real. Esto hace que la especie, endémica de la Península Ibérica sea una de las rapaces más amenazadas del mundo según la UICN y en la que se han concentrado más esfuerzos para procurar su incipiente recuperación.
Aunque el caso está siendo investigado y todavía no se puede descartar ninguna hipótesis en cuanto al origen del veneno, todo apunta a que el uso ha sido intencionado y con el objetivo de eliminar predadores, bien con fines cinegéticos o bien con fines ganaderos. Los 6 ejemplares localizados son adultos e inmaduros que no forman parte de un solo grupo familiar, por lo que el daño causado puede afectar a varios territorios o a un núcleo muy importante de concentración y dispersión.
Los terrenos donde se han encontrado las águilas pertenecen a una Sociedad Agraria de Transformación que tiene arrendada la explotación cinegética y forestal al Ministerio de Agricultura desde hace décadas, siendo este último a través del Organismo Autónomo de Espacios Naturales (OAPN) el encargado de la gestión de estos aprovechamientos. En las 14.000 hectáreas de la Encomienda de Mudela, que así se denomina el predio, se realizan de vez en cuando cacerías a las que asisten miembros de la Casa Real y otros invitados destacados del mundo de la política, de la economía o de la caza.
De momento todo apunta a que el veneno no ha sido colocado en este finca sino que a ella han llegado los animales envenenados. La Consejería de Agricultura ha anunciado que han aparecido cebos envenenados en una finca ganadera cercana, pero queda por comprobar si las sustancias de estos cebos son las mismas que se encuentran en el cuerpo de las águilas.
Queda todavía mucho por saber, hay que dejar trabajar a Seprona y Consejería de Agricultura y que se oficialicen los datos de la investigación para hacer una valoración más concreta del caso y de sus circunstancias.
No obstante, Ecologistas en Acción, Seo/Birdlife y WWF están preocupados porque el envenenamiento masivo de águilas llega en un momento en el que el Ministerio y, en particular, la Consejería de Agricultura no disponen de todos los medios necesarios para que la investigación sea lo rápida y certera que es exigible y necesario. En efecto, los cambios en los organigramas de las administraciones ambientales y los recortes de presupuesto y personal han llevado, por ejemplo, a que no haya una dotación adecuada de veterinarios y equipos especializados en los centros de recuperación de Castilla-La Mancha. Recientemente la Consejería dejó sin renovar los contratos del personal de estos centros y en la actualidad no se sabe que va a pasar en el futuro inmediato. Así, un centro de referencia para casos de veneno y águila imperial como el CERI de Sevilleja de la Jara no ha podido participar en este caso aportando toda su experiencia.
Igualmente, tampoco se sabe que va a pasar con las vigilancias y patrullas contra el veneno que hasta ahora han funcionado sin continuidad y con limitados medios. Y aunque ya habrá tiempo de concretar más datos parece que tampoco la coordinación de la Consejería con el Seprona de la Guardia Civil ha sido todo lo correcta que debiera.
Estos problemas hacen temer por la investigación, aunque las ONG quieren dar un voto de confianza a la Consejería de Agricultura, al Organismo Autónomo y a la Guardia Civil, que, a pesar de las dificultades, están dando muestras de querer llegar cuanto antes a esclarecer todo el asunto.
Ecologistas en Acción, Seo/Birdlife y WWF anuncian que se personaran tanto en la causa judicial como en los expedientes administrativos a que de lugar este lamentable suceso, con el ánimo de colaborar en que todo el peso de la ley caiga sobre los culpables y para que se adopten las medidas necesarias que permitan la recuperación del gravísimo daño causado.
En este sentido plantean la posibilidad, que podría ser ya adoptada tanto por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales como de la Consejería de Agricultura, de suspender aquellos aprovechamientos que pudieran dar lugar al agravamiento del daño causado por el veneno o que mediante su paralización permitieran una más pronta recuperación del equilibrio ecológico.
En este aspecto tanto caza como aprovechamiento de pastos en ciertas zonas debiera restringirse lo que también facilitaría el curso de las investigaciones. Estas medidas están previstas por la ley de patrimonio natural y no tendrían finalidad punitiva, ya que esta se dirimirá en los expedientes judicial y sancionador que se deben tramitarse aparte.
