El Subdelegado de Gobierno, Fernando Rodrigo, recibió el pasado 15 de marzo a la Comisión Permanente de la Junta de Personal de la AGE presidida por el sindicato CSI·F, en una reunión donde se abordaron temas relacionados con la situación de los empleados públicos de los distintos organismos que componen la Administración General del Estado de la provincia, cuyo número asciende a 1.400 personas.
El presidente de la Junta de Personal, Sergio Molina, y la vicepresidenta, Mª Ángeles Mur, pertenecientes al Sector Central y Seguridad Social de CSI·F, ejercieron de portavoces y presentaron propuestas específicas de mejora para este colectivo de trabajadores públicos.
Los representantes de la Junta de Personal denunciaron en la reunión «la ausencia de medidas protectoras de los empleados públicos sin personal de seguridad en las Oficinas del Servicio Público de Empleo de la provincia, así como la falta de personal administrativo y excesivo trabajo en la oficina de Fogasa de Ciudad Real».
Además, expusieron al subdelegado la necesidad de planteamiento sobre futuras actuaciones con criterios objetivos para conceder puestos vacantes de la A.G.E. por Comisión de Servicios. También solicitaron el fomento de la evaluación de riesgos psicosociales en los organismos de la Administración y la utilización de los protocolos publicados el año pasado sobre acoso moral y por razón de sexo en el ámbito de la AGE.
Asimismo, los representantes de este colectivo pidieron al Subdelegado el estudio y valoración de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar del Personal de A.G.E., con una especial vigilancia de la prevención de Riesgos Laborales. Finalmente, pidieron que se afrontara definitivamente la situación tan «desagradable» de «malos olores que se filtran por las zonas de aseos y lavabos en la Oficina Integral de la Seguridad Social recientemente inaugurada, situada en la Avda. de Camilo José Cela».
Al margen de estos temas, los representantes de la Junta de Personal denunciaron algunas carencias detectadas en determinadas oficinas que han ocasionado accidentes laborales “in itínere”, como es el caso del «atropello múltiple de personal de la Oficina Integral de Seguridad Social». Entre esas carencias, los problemas derivados de la interpretación de normativa realizada por parte de la Dirección de la Institución Penitenciaria Herrera de la Mancha y del C. Penitenciario de Alcázar de San Juan, según dispone la Instrucción 11/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, así como las condiciones en las que se encuentra el personal laboral de las Tablas de Daimiel.
