Luis Díaz-Cacho Campillo. Alcalde de La Solana.- Los ayuntamientos estamos viviendo uno de los peores momentos de nuestra reciente historia. Nuestra posición territorial subsidiaria del resto de administraciones -Central y, sobre todo, Autonómica- en una parte muy importante de nuestros recursos, está haciendo que el sostenimiento sea cada vez más difícil.
La crisis tan profunda que padecemos ha desbordado todo, incluso la democrática convivencia inter administrativa que nos referenciaba.
Los incumplimientos en los ingresos que soportamos, ante todo de las Comunidades Autónomas (Castilla-La Mancha es un magnífico ejemplo) por los servicios prestados y por las subvenciones concedidas, está provocando que vivamos en una auténtica maraña administrativa. Pondré un ejemplo para que sea más fácil de visualizar.
Pensemos que la Comunidad Autonómica A concede una subvención o firma un convenio con un Ayuntamiento B para el desarrollo del tal servicio. En la correspondiente resolución o en el convenio al respecto consta cómo se han de ir produciendo los ingresos al Ayuntamiento y las justificaciones a la Comunidad Autónoma.
Pues bien, de un tiempo a esta parte, más de año y medio, los ingresos no llegan, los recursos municipales se han ido adelantando para atender las nóminas y el funcionamiento del servicio conveniado o subvencionado, hasta donde buenamente se ha podido, y la Comunidad Autonómica ha incumplido su propia normativa dejando de pagar al Ayuntamiento.
Pues bien, no piensen que las incongruencias acaban aquí, no. Veamos. Ahora toca justificar. La normativa al respecto estipula que la justificación ha de realizarse en tales plazos y con las transferencias de los pagos. Como nos hemos quedado sin dinero y no podemos acabar de pagar para justificar, la Comunidad A nos requiere la devolución de la subvención (entera) más los intereses de demora que establece la legislación de Hacienda al Ayuntamiento B. ¿No es esto ilógico?
Pero como además hemos dejado de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social y (a veces) con Hacienda, por lo que ya no disponemos de Certificados Negativos que hagan constar que no les debemos nada y, consecuentemente, ya no podemos volver a participar en las nuevas convocatorias de ayudas que desde cualquier administración se suelen hacer; y además nos imponen intereses de demora a los seguros sociales pendientes.
Lo que ocurre es kafkiano y caótico. La administración regional nos crea un problema por sus incumplimientos, pero las repercusiones las sufrimos los Ayuntamientos. Nos obligan a devolver las ayudas con intereses, nos excluyen de las posibilidades de participar de nuevas convocatorias y nos crean un tremendo perjuicio en el mantenimiento y sostenibilidad de los servicios que desde hace décadas prestamos.
O alguien se da cuenta de lo que está pasando, o no seremos capaces de salir del bucle que se ha creado. Las Comunidades Autónomas deben establecer excepcionalidades a la excepcional situación que se ha creado a la hora de las justificaciones. El Estado debe flexibilizar los impagos a la Seguridad Social y a Hacienda cuando emana en cascada de los incumplimientos de otros. Y todos debemos buscar posturas de acercamiento para solucionar este gravísimo problema que está pasando desapercibido.
Ahora, más que nunca, necesitamos encontrar soluciones imaginativas.
Los Ayuntamientos no queremos continuar siendo los paganos de los desajustes del sistema.
Nos queda otra solución, pero no es la lógica: rebelarnos desde la Administración Local y dejar de atender todos nuestros pagos y compromisos con otras administraciones.
