Federación de Servicios Públicos deUGT de Castilla-La Mancha.- ERE insólito. Así es como califican los representantes de los trabajadores de las tres organizaciones sindicales (CCOO, UGT y CGT), al expediente de regulación de empleo presentado por la Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha, dependiente de la Administración regional, al considerar que es un atentado a la legalidad y a los derechos fundamentales de los trabajadores.
Los representantes entienden que en una entidad pública se entra bajo los criterios de publicidad, mérito y capacidad, y con los mismos hay que salir. Sin embargo se ha presentado un ERE que no responde a ninguno de esos criterios, los cuales se han presentado sólo tras la exigencia de la parte social y no en la documentación preceptiva, y aprovechando para echar a la calle a trabajadores por motivos dispares y disparatados, adoptando una actitud caciquil como hacía mucho tiempo no se veía.
Un total de más de 20 criterios de despido distintos mitad técnicos, mitad laborales que no justifican las razones económicas, organizativas y productivas del ERE y entre los que se pueden destacar “la versatibilidad, cargas familiares, capacidad para asumir cambios en las tareas asignadas, etc.”, aplicados de forma desigual en función del trabajador afectado y tratando de justificar lo injustificable.
Desde hace tiempo que vienen denunciando la nula voluntad de la empresa pública por dialogar y amortiguar las consecuencias de este ERE para sus trabajadores, ya que continúan sin darse respuesta a cada una de las propuestas que los representantes de los trabajadores ponen encima de la mesa de negociación con el fin de buscar alternativas a este ERE así como para disminuir las consecuencias negativas del mismo en los trabajadores.
Denuncian igualmente el mantenimiento de toda la estructura de altos cargos previa a la fusión con otras fundaciones, frente al despido de los trabajadores que atienden de forma directa al colectivo de personas con enfermedad mental. Además este ERE día tras día evidencia nuevas irregularidades, pues tras la exigencia de los representantes de los trabajadores de que se muestre la información económica de la entidad, se ha conocido que los salarios de los altos cargos de la Fundación se han incrementado hasta en un 15% en mientras que los trabajadores mantienen congelados sus salarios desde el año 2009.
Y todo esto con el beneplácito y la aprobación de la Consejería de Sanidad. Resulta vergonzoso conocer que mientras los trabajadores nos apretábamos el cinturón y arrimábamos el hombro para salir de la mala situación, a nuestras espaldas los sueldos de TRES MIL EUROS en adelante seguían incrementando año tras años sus cuantías. Datos que no han salido a la luz hasta ahora. A esto hay que sumarle el gasto desmesurado en abogados (de un bufete alemán de Madrid), para llevar a cabo el ERE, de miles de euros, con los que se podían haber salvado varios puestos de trabajo.
La representación social quiere también denunciar públicamente que paralelamente al despido de trabajadores indefinidos, los responsables de la Fundación están realizando procesos de selección de personal de forma clandestina, sin convocatoria publica de las ofertas de empleo y de espaldas a los representantes legales de los trabajadores, saltándose a la torera los principios de publicidad, concurrencia, capacidad, mérito, etc., presentes en todos los procesos de selección de personal en la Administración pública regional.
Algo que desde hace tiempo ya viene siendo una práctica habitual en determinados centros de trabajo como es el Centro de Atención al Menor de Toledo y en la Residencia Comunitaria de Cuenca. Además la Fundación amenaza con más medidas coercitivas que atentarán contra las condiciones laborales de los trabajadores, como reducciones de jornada y de salarios, pero negándose a concretarlas, siguiendo así con una política de oscuridad y opacidad dignas de una novela de intriga, a pesar de estar en plena negociación de un ERE.
Ante esta gravísima situación que los trabajadores estamos viviendo desde el gobierno regional se está haciendo oídos sordos. Los representantes de los trabajadores han tratado por diversos medios contactar con el responsable de la JCCM, D. Javier Hernández Pascual quién es a su vez secretario del patronato de la Fundación para advertir sobre estas y otras irregularidades más graves, pero nunca se ha querido reunir con nosotros. Cuestión que nos parece de una gran irresponsabilidad por parte de los actuales políticos.
Pero si algo es grave en todo este asunto es que tras esas medidas de ajuste nos encontramos ante un nuevo episodio del proceso de desmantelación de los servicios públicos de calidad en nuestra región, proceso de desmantelamiento en el que los directivos de la Fundación están siendo coparticipes. Estos recortes en el personal podrán suponer el fin de la atención a la población que padece trastorno mental grave tal y como hasta ahora la conocemos y estaremos cada vez más cerca de los modelos de atención propios del inicio del siglo pasado.
