Alejandro Becerra Rubio. Letrado de la Administración.- Por más que se estudie la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para modificar la actual demarcación judicial en el Estado, esto es, para cambiar las sedes de los actuales juzgados, no se llega a entender cuáles son las razones para proponer una modificación tan drástica, tan traumática, como la que se está proponiendo.
El informe propuesta que contiene la reforma o traslado de las sedes actuales de los Juzgados, abarca a todo el Estado. Se entenderá que yo me centre en la provincia de Ciudad Real y más concretamente en Puertollano. Aunque también se apreciará que los argumentos que expongo, con poco esfuerzo, son trasladables a todos los partidos judiciales.
Propone el Consejo, sin más, un alejamiento de la Justicia, del ciudadano. No de otra manera puede entenderse que los tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puertollano y también el único Juzgado que tiene Almagro se trasladen a Ciudad Real, esto es, 107.000 habitantes que son atendidos por estos Juzgados en este momento, deberán trasladarse, por sus propio medios, claro está, a Ciudad Real, para seguir recibiendo el mismo servicio o peor que el que reciben ahora, necesitando para ello invertir salud, tiempo y dinero que antes no gastaban. En igual medida los habitantes de Daimiel, Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes y Tomelloso, esto es, 235.717 habitantes (según datos del propio informe) deberán acudir a Manzanares. Y lo mismo ocurrirá con los 14.000 habitantes de Almadén que tendrían que hacer un viaje de más de dos horas, y no precisamente por autovía, en caso de prosperar esa segunda opción del informe y que trasladaría su Juzgado a Puertollano.
Y este esfuerzo humano y económico tan grande ¿para qué? ¿Qué se nos da a cambio? ¿Qué gana la Administración de Justicia con ello? De momento nada y a medio y largo plazo puede que lo mismo. El informe no ofrece nada más que literatura y teorías fantásticas sobre el buen funcionamiento de la Justicia, alejadas de la realidad. Un ejemplo:
A estas consideraciones cabe añadir, de un lado, la necesaria implantación de nuevos servicios externos, exigidos por la ciudadanía y cuya operatividad impone una masa crítica de unidades judiciales (Gabinetes Psico-sociales de Familia, Puntos de Encuentro Familiar, Servicios de Atención al Ciudadano, Servicios de Atención a la Víctima, Unidades de Valoración del Riesgo en caso de violencia de género, Servicios de Mediación Civil y Penal, Unidades de Policía Judicial…); de otro lado, el decidido compromiso por la especialización como presupuesto esencial de una Justicia de calidad; en tercer lugar, la apuesta por una organización judicial colegiada; y, finalmente, la difícil situación económica que atraviesa nuestro país y que obliga a optimizar recursos lamentablemente escasos.
La ponderada valoración de estos presupuestos para conseguir el objetivo de una Justicia mejor ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a incluir entre los ejes de su actuación para el último bienio de su mandato la revisión de la demarcación actual, sobrepasada por una realidad cambiante y compleja, de modo que la Administración de Justicia pueda dar satisfacción a las demandas de una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes y, especialmente, garantizar el requisito de “efectividad” que el art. 24 CE vincula con el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial.
Estos señores viven de espaldas a la realidad. No solamente es que no conozcan la Provincia de Ciudad Real, es que parece que tampoco conocen el funcionamiento de la Justicia.
“…la revisión de la demarcación actual, sobrepasada por una realidad cambiante y compleja,…” ¿A qué realidad cambiante y compleja se refieren? Porque ellos no la especifican en su informe. Por no detallar ni siquiera detallan la carga de asuntos que tienen los actuales juzgados. Desde 1988 hasta hoy todas las ciudades que figuran como cabeza de partido han afianzado su población y preponderancia socio-economía de la región a la que pertenecen, por tanto la “realidad cambiante” a la que apelan es una excusa injustificada.
Gabinetes Psico-sociales de Familia, Puntos de Encuentro Familiar, Servicios de Atención al Ciudadano, Servicios de Atención a la Víctima, Unidades de Valoración del Riesgo en caso de violencia de género, Servicios de Mediación Civil y Penal… ¿Alguien sabe qué es esto y cómo funciona? ¿Alguien se cree que estos servicios son verdaderamente los necesarios para mejorar el funcionamiento de la justicia? Las víctimas, los conflictos familiares, la violencia de género…lo que requieren fundamentalmente es una justicia rápida, eficaz, no una justicia que tarda años en resolver, cara, ineficaz y de espaldas al ciudadano.
Pero además, es que resulta que algunos de estos “medios externos” que ya están creados, se implantan de manera automática o natural en la Capital de la Provincia y así se está admitiendo por la ciudadanía que comprende que no existen medios para atender a todos en su propia localidad (excepción de la violencia de género). Quiero decir que la implantación de estos nuevos instrumentos, loables y sin duda necesarios, no justifican desmantelar una estructura judicial que está implantada desde el año 1.870 y que salvo para mejorarla en 1988 con la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que implantó el sistema tal como hoy lo tenemos, salvo esto, digo, no se ha modificado esa estructura y nadie, ni prácticos, ni teóricos, ha imputado nunca a esta división territorial que fuera causa del mal funcionamiento de la Justicia.
Estos servicios externos a que se refieren los informantes no son incompatibles con la actual demarcación judicial. Como según el informe se crearían para atender las nuevas demarcaciones de Juzgados (Ciudad Real, Manzanares y Almadén-Puertollano), pues es sencillo, inicien la creación de todos esos gabinetes externos e implántenlos en donde pensaban, esto es, en Puertollano, Ciudad Real y Manzanares. Sirva de ejemplo las medidas para violencia de género que ahora están en desarrollo en Juzgados como los de Puertollano y que, paradójicamente, la reforma se los llevaría de aquí.
La especialización judicial, la organización judicial colegiada…puede que tales fines sean válidos y mejoren la justicia. Aunque ni son la panacea ni donde ahora están implantados mejoran el funcionamiento de los juzgados.
Todos esos argumentos, por si solos, no justifican en modo alguno la modificación de las sedes actuales de los Juzgados. Pero si para llevar a cabo este “experimento” el precio pedido a cambio es tan brutal, es obvio que no se puede, ni se debe pagar. No existe equilibrio entre lo que se ofrece, que es nada, y lo mucho que se pide a cambio.
Debemos suponer, dado que el informe no lo menciona, que el CGPJ ha tenido en cuenta que miles de personas se deberán trasladar a Ciudad Real para hacer lo mismo que hacen ahora desde Puertollano. Los tres Juzgados de Puertollano han abierto en el año 2011 6000 Diligencias Penales y 3000 Civiles (aprox.). Nueve mil asuntos en los que, en el mejor de los casos, intervendrían seis personas por asunto (dos partes, dos abogados y dos procuradores), esto es 54.000 personas. Cincuenta y cuatro mil personas que a partir del momento en que se implante este nuevo sistema deberán buscar un medio de comunicación para desplazarse a Ciudad Real, deberán perder toda una mañana, cuando no la tarde también, cada vez que sean citados por el Juzgado que con toda seguridad será más de dos y tres veces.
Evidentemente que el primer resultado de esta nueva demarcación no es otro que encarecer la justicia a costa del ciudadano que tendrá que abonar el coste de esos desplazamientos. Salvo que haya pensado el CGPJ en abonar el gasto de transporte, que creo que no sea el caso, por lo menos el informe no la menciona.
Estoy seguro que los consejeros que han realizado el informe conocen sobradamente los retrasos sistémicos que sufren todas las actuaciones judiciales. Acudir a una vista oral y tener que esperar dos o tres horas es habitual, por eso aquellos ciudadanos que acudan a Ciudad Real en medios públicos de transporte, que serán una gran mayoría, tendrán muy difícil volver a su domicilio en la misma mañana. Se trata de otra de las ventajas que aporta el nuevo sistema, promover la hostelería porque habrá que quedarse a comer en la capital.
¿Qué se hace con el edificio de Puertollano? Un edificio de cuatro plantas como el que tenemos, relativamente moderno y preparado para albergar el cuarto juzgado, tendría que cerrarse o malvenderse, por decirlo de alguna manera. Y a cambio de este cierre ¿dónde se pondrían en Ciudad Real los cuatro juzgados trasladados? Sabemos, los que utilizamos las instalaciones del Edificio de Juzgados en la capital, que ya es difícil instalar nuevos juzgados en él. Se empezó con tres juzgados de lo social y ahora mismo hay seis resolviendo. Con uno de lo Contencioso-Administrativo y ahora hay dos…etc. Se están habilitando salas que estaban diseñadas para otros usos para celebrar vistas. No hace falta hacer un gran esfuerzo intelectual para llegar a la conclusión de que este traslado necesitaría de la construcción de nuevas instalaciones en ciudad Real.
Tan grave o más que en nuestro caso será el de Manzanares donde deberá construirse todo nuevo. Se deberán acometer unas instalaciones costosísimas y además cerrar el edificio nuevo en Almagro que se acaba de construir, el cierre de un edifico completo para tres Juzgados en Valdepeñas, el cierre del Juzgado, recién construido, de Villanueva de los Infantes…etc. Todo por un capricho injustificable y ejemplo claro de la ineficacia.
En el capítulo de personal habrá que trasladar a todos los funcionarios que sirven los Juzgados de Puertollano a Ciudad Real. Cuarenta familias de Puertollano que se verán sustancialmente afectadas, obligadas a cambiar de ciudad de residencia con lo que ello conlleva. Otro efecto de la propuesta que pone de manifiesto la carencia de sentido, salvo que la idea última de los informantes sea cargarse este personal y seguir manteniendo el mismo número de juzgados con cuarenta funcionarios menos. Si es así poco les importa el funcionamiento de la Justicia.
Deben saber los vocales proponentes que esos funcionarios trasladados no tienen el mismo sueldo que ellos, en la mayoría de los casos no llegarán a los 1.500 € al mes, con ese sueldo es muy difícil hacer frente a un traslado de toda las familia, incluso es difícil sostener trasladarse diariamente en coche o en tren desde Puertollano a Ciudad Real.
Y otra vez vuelve la misma pregunta: tanto sacrificio ¿para qué? ¿Qué se gana con que los funcionarios estén en Ciudad Real y no en Puertollano? ¿Hay alguna reducción del gasto?
Por todas estas razones y muchas más he comenzado estas notas diciendo que la reforma planteada es inútil. No es un calificativo puesto de manera gratuita.
Útil es aquello que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés. La medida propuesta produce todo lo contrario, por eso es inútil.
Inútil y en contra de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva que, entre otros, incluye el derecho que todos tenemos al juez ordinario, es decir el juez que naturalmente está más cerca del ciudadano. Propuesta que además de inútil también va en contra de los principios constitucionales de descentralización y desconcentración, bajo los cuales debe actuar la Administración Pública, según la Constitución.
Debemos confiar en el sentido común de nuestras instituciones regionales, sobre todo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha para que no informe favorablemente la propuesta. Y también debemos confiar en los partidos políticos que están en el Poder y tienen implantación en nuestra provincia y localidad. Estoy seguro que los vocales “progresistas” que se sientan en el CGPJ por la confianza del PSOE tendrán algo que decir sobre la propuesta.
Es verdad que el PSOE a nivel local se opone frontalmente a dicha medida pero también lo debe hacer a otros niveles.
Mayor responsabilidad tiene el Partido Popular pues la modificación deberá ser aprobada en el Congreso por iniciativa del Gobierno. Si la propuesta se lleva a cabo y los Juzgados de Puertollano desaparecen, los diez concejales que hoy tiene este partido pasarán a la historia local por haber consentido tamaña barbaridad, en perjuicio claro y evidente de los intereses de Puertollano. Si consienten esto, estoy seguro que el pueblo se lo hará pagar a este partido.
Muy esclarecedor para los ciudadanos de Puertollano y su comarca, el escrito del Sr. Alejandro Becerra. Esperamos que los ciudadanos de Puertollano estén a la altura de las circunstancias por las que hoy atraviesa la ciudad y, cuando toque, llenemos aún más las calles que el pasado día 17.
Esclarecedor para este tema como para otros es, que nos digan los dos partidos qué piensan sobre este y otros recortes que se están produciendo; sanidad, educación, etec. cuando han sido los dos; PP y PSOE, los que han modificado el Artículo 135 de la Constitución, para pagar a los bancos alemanes y franceses, todas las barrabasadas, fechorias y latrocinios acaecidos durante los mandatos de los dos.