El Coordinador regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha participado en el Consejo Político Federal, máximo órgano político de la organización, celebrado en Madrid. Entre otros acuerdos, se han aprobado las normas de la X Asamblea Federal, a celebrar el próximo mes de diciembre, y una propuesta de rechazo ante la contrareforma de los ayuntamientos anunciada por el Consejo de Ministros.
Martínez, tras mostrar su apoyo al informe político presentado por el Coordinador Federal, Cayo Lara, ha valorado la responsabilidad que tiene una fuerza política alternativa, como es IU, ante la situación de emergencia económica, social y democrática que se ha creado con la imposición de las políticas neoliberales más duras posibles, y ha apostado por seguir planteando una alternativa real y cercana a los ciudadanos, dando respuesta como una verdadera obligación a la demanda creciente de los ciudadanos que apuestan, cada día más, por la movilización y políticas alternativas al modelo actual.
Según Daniel Martínez, “ante el auténtico Golpe de Estado financiero y atraco a la ciudadanía, la respuesta debe ser contundente, mediante una movilización sostenida, conjunta y unitaria capaz de frenar las brutales medidas de recortes y regresión social y democrática que tanto han celebrado los diputados del PP”.
Las medidas «regresivas» anunciadas, incluye un incremento del IVA en 3 puntos para el tipo general y 2 para el reducido «la segunda vez en dos años», así como en 13 puntos para determinados productos o servicios, revisión de baremos en dependencia y un 15% menos de ayuda a los cuidadores, reducción de las prestaciones por desempleo, eliminación de la paga extra de Navidad para los funcionarios y la disminución del número de concejales en los Ayuntamientos. Sin embargo no se toma ni una sola medida para que paguen más los que más tienen, no se toca el impuesto del Patrimonio ni el de Sociedades, ni las SICAV, ni se va a entrar a abordar el fraude fiscal, el 78% provocado por las grandes empresas y las grandes fortuna, y no se les va a exigir ningún esfuerzo las rentas más altas en el IRPF, mientras se aplica una amnistía fiscal a los defraudadores.
Martínez ha señalado que “el Gobierno del Partido Popular continua instalado en su empeño de convertir en culpables de esta crisis a empleados públicos, parados, pensionistas, dependientes, mientras que los verdaderos responsables, la banca, la gran empresa, la minoría que ostenta el poder económico, se van de rositas”.
Para IU estas medidas suponen en la práctica la intervención de España y no son más que las condiciones fijadas por Bruselas para poder recibir decenas de miles de millones de euros con los que sanear a la banca «y por tanto estos nuevos recortes nada tienen que ver, como quieren hacernos creer, con el excesivo gasto público, sino con las necesidades de la banca”.
