Valdepeñas: Martín se compromete a mantener abierto el centro de mayores del Lucero

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se ha comprometido esta mañana en rueda de prensa a mantener abierto el Centro de Día de Mayores del Lucero hasta que el Gobierno de Castilla-La Mancha remita el nuevo decreto que está preparando en relación al funcionamiento de los Centros de Día y que previsiblemente hará llegar a los Ayuntamientos antes de dos meses.

El primer edil ha señalado que ha adoptado esta decisión tras mantener una conversación telefónica con el Coordinador Provincial de los Servicios Periféricos de Asuntos Sociales y Sanidad, Luis Alberto Martín, que le ha comunicado la intención de remitir en un breve periodo de tiempo el nuevo decreto, “que llega fuera de plazo y sin la renovación del anterior”, denunció Martín.

A pesar de las circunstancias, el alcalde de Valdepeñas ha calificado este nuevo paso de “buena noticia”  y ha agradecido la comunicación en primera persona del Coordinador Provincial de los Servicios Periféricos de Asuntos Sociales y Sanidad que ha adelantado al regidor municipal que el nuevo decreto tendrá carácter retroactivo. En este sentido, Jesús Martín se mostró cauto hasta la llegada del documento que espera que “cumpla con todos los requisitos del decreto anterior y no contenga nuevos parámetros de gestión que perjudiquen a los servicios que se prestan a los beneficiarios”.

Por último, el primer edil ha lamentado la “falta de diligencia de la Junta que nos ha abocado a los ayuntamientos a esta situación”.

Paga Extra

En otro orden de cosas, y a preguntas de los periodistas sobre la supresión por parte del Gobierno Central de la paga extraordinaria en Navidad a trabajadores de la función pública, el primer edil ha confirmado que los concejales y personal de confianza del Ayuntamiento de Valdepeñas también dejarán de percibir esta bonificación, “al igual que yo también la dejaré de recibir de mi salario que cobro del Senado”, destacó. A pesar de ello, Martín no se mostró conforme con esta medida del Gobierno de España que calificó de “desprecio a la función pública” y un “injusto agravio comparativo con el resto de trabajadores”, ya que recordó que la inmensa mayoría de los funcionarios tienen un salario comprendido entre los 1.000 y 1.500 euros.

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