El Gobierno prepara un nuevo recorte al colectivo de empleados públicos en los Presupuestos Generales de 2013, que supone la reducción de un 22 % del gasto en las prestaciones sociales del régimen asistencial de MUFACE, según informó ayer el director general de la mutualidad al Consejo General de la entidad, donde CSI·F tiene representación mayoritaria.
Aunque este informe es provisional, dado que el Gobierno aún no ha cerrado las prestaciones que se verán afectadas, el director general de MUFACE comunicó que una de ellas será la ayuda para la adquisición de vivienda. El resto será comunicado en una próxima reunión extraordinaria del Consejo.
Los presupuestos definitivos se darán a conocer la próxima semana por el Consejo de Ministros y los sindicatos tendrán cuenta de ellos en una reunión previa de la Mesa General de las AA. PP. No obstante, las cifras provisionales ya apuntan una reducción del 12,41 por ciento de las aportaciones del Estado a MUFACE, la citada reducción del 22 por ciento en prestaciones sociales, un 8,26 por ciento menos de gasto en farmacia, y un 3 por ciento menos en el capítulo de prótesis y otras prestaciones.
Entre las prestaciones sociales que reciben los empleados públicos adscritos al régimen de MUFACE, se encuentran las siguientes: ayudas por incapacidad (incapacidad temporal, gran invalidez, indemnización por lesiones permanentes), subsidio por riesgo de embarazo y durante la lactancia, prestaciones familiares por parto múltiple o hijo discapacitado, ayudas a la dependencia, subsidio por jubilación, defunción, o las becas al estudio.
Según los últimos datos, alrededor de1’4 millones de empleados públicos están adscritos al régimen de MUFACE, a los que se suman 700.000 beneficiarios, fundamentalmente los hijos y otras personas a cargo sin ingresos.
Este nuevo recorte se suma a las rebajas salariales del 5 por ciento, la eliminación de días libres, los descuentos en la nómina por incapacidad temporal y la detracción de la paga extra de diciembre. Además, CSI-F conoció ayer que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dado instrucciones a todos los organismos dependientes de la Administración General del Estado para que reduzcan en sus presupuestos un 50 por ciento el gasto en Acción Social. Este gasto ya se vio reducido en un 50 por ciento en 2012, por lo que en dos años los empleados públicos han visto como les han retraído las tres cuartas partes de esta ayuda.
Eliseo Moreno, representante de CSI-F en el Consejo General de MUFACE, hizo además un informe en el que advierte de los riesgos para la viabilidad del régimen mutualista, como consecuencia de la crisis económica, los recortes en las aportaciones de Hacienda, la paralización de las ofertas de empleo público y el incremento de los precios sanitarios de manera inferior al presupuesto.
Así, la paralización de las ofertas de empleo público ha cortado la entrada de nuevos mutualistas, lo que conlleva el envejecimiento del colectivo y el consiguiente encarecimiento de la atención sanitaria. Además, los disparatados y diferentes precios de los servicios prestados por las administraciones públicas a las aseguradoras, evidencian la falta de sentido de Estado en nuestro país y la carencia de un mercado único.
Todo esto ha provocado que se tenga que realizar un uso elevado del remanente de tesorería (los ahorros de la mutualidad), hasta un 43 por ciento (en torno al 227 millones de euros). De seguir al mismo ritmo, CSI-F advierte de que el próximo año se podría dilapidar este ahorro.
Para Moreno, secretario de Acción Sindical de CSI-F, es urgente reflexionar sobre las causas de esta situación y las posibles alternativas para evitar el colapso del mutualismo administrativo, lo que “tendría funestas consecuencias para el modelo, los funcionarios y el Sistema Nacional de Salud”.
