FSES reclama a la Junta que equipare la protección por incapacidad laboral de los empleados públicos de la región a la del resto de funcionarios de España

La Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) integrada por ANPE y SATSE, ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha la convocatoria de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos con el fin de negociar la aplicación de un nuevo nivel de protección en las situaciones de incapacidad laboral para los empleados de la Administración regional y equipararlo con el que dispone la mayor parte de los empleados públicos de España.

En el escrito, registrado hoy en la Consejería de Administraciones Públicas, FSES señala que es preciso que la Junta de Comunidades reconsidere la actual situación, por la que los empleados públicos castellano-manchegos no perciben retribución alguna durante los tres primeros días de baja laboral; cobran el 60 por ciento de las retribuciones del cuarto al décimo día y el 75 por ciento del undécimo al vigésimo día.

Una situación que FSES considera que supone un agravio respecto a los funcionarios de otras comunidades autónomas y a los de la Administración General del Estado,  puesto que  el Real Decreto-Ley de 13 de julio de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece que cada Administración Pública puede complementar las prestaciones que perciba el personal de baja laboral conforme a los límites que se marcan en el citado Real Decreto y que son más ventajosos para los funcionarios que los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aplica a sus empleados. De hecho, los funcionarios de la Administración central cobran un 50 por ciento de las retribuciones durante los tres primeros días de baja y el 75 por ciento entre el cuarto y el vigésimo.

Por ello, desde FSES se pide al Gobierno regional que reconsidere esta situación, que tanto malestar está provocando en los profesionales sanitarios y en los docentes castellano-manchegos, y que aplique los mencionados límites de igual manera a como se hace en la Administración General del Estado, pues el personal al servicio de Castilla-La Mancha se ve seriamente agraviado en esta materia.

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