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Ciudad Real: La Plataforma Sindical de Empleados Públicos reclama al SESCAM la paga extra de diciembre

- 21 enero, 2013 – 16:45Sin comentarios
La Plataforma Sindical de Empleados Públicos (integrada por las organizaciones SATSE, FSP-UGT, CCOO, SIC-GS y USAE) han presentado hoy en la oficina de Prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) en Ciudad Real el recurso administrativo en el que se reclama al SESCAM el abono de la paga extra de diciembre dejada de percibir por los empleados públicos en el ámbito de la Sanidad. En el recurso administrativo, los sindicatos exponen que la supresión de la paga extra de diciembre supone una quiebra total y absoluta de los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales y de seguridad jurídica proclamados en el artículo 9.3 de la Constitución, así como de confianza legítima. La Plataforma acordó que cada uno de los sindicatos presentará un número limitado de recursos y asuma los costes del procedimiento contencioso en el supuesto de que se pierda. De esta forma, no será necesario que los trabajadores recurran en esta primera fase. Una vez que haya sentencias firmes de los primeros recursos, que se espera sean favorables, se efectuará la extensión de la sentencia que corresponda para que se beneficien todos los trabajadores. Los sindicatos que integran la Plataforma exigen que se dicte una resolución por la que se anule el acto administrativo y se reconozca el derecho del personal estatutario a percibir íntegra la paga extra de diciembre de 2012 o, subsidiariamente, la parte proporcional correspondiente a los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 al 14 de julio de 2012, fecha en la que se publicó el decreto ley en el BOE. Los sindicatos SATSE, FSP-UGT, CCOO, SIC-GS y USAE vienen denunciando a las diferentes administraciones por los cambios normativos llevados a cabo, que están propiciando la mayor pérdida de derechos de los trabajadores de todos los tiempos. Por ello, confían en que los tribunales acaben dando la razón a los profesionales y que ello suponga un punto de inflexión para la recuperación de derechos y condiciones laborales de los empleados públicos, a los que cada día se lo ponen más difícil para poder asegurar a los ciudadanos el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad.

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