La Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real ha fijado en 400 euros la multa impuesta a Javier, un joven de Ciudad Real, al estimar que «provocó reacciones en el público que pudieron alterar la seguridad ciudadana» mientras grababa la actuación de la Policía Nacional. El suceso (cuya grabación puede verse en este enlace) tuvo lugar el pasado 17 de noviembre, durante una concentración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ciudad Real (PAH).
Según la propuesta de resolución de la Subdelegación del Gobierno, los hechos se produjeron cuando, «al realizar los funcionarios de la Comisaría de Policía de Ciudad Real una identificación de un ciudadano que estaba recogiendo firmas, el denunciado se dispuso a grabar con un teléfono móvil la actuación de los funcionarios, a la vez que llamaba la atención de los viandantes en contra de los agentes, dificultando la labor policial y pudiendo ocasionar la alteración del orden». La Subdelegación estima que los hechos denunciados constituyen infracción grave de la Ley de Protección Ciudadana.
El joven, quien ha anunciado que presentará alegaciones a la propuesta, ha subrayado que se puede grabar a los agentes de policía, y ha negado que, tal y como se puede observar en el vídeo, dificultara la labor policial y provocara alteraciones del orden público. A su juicio, todo responde a un «episodio de represión orquestada por los Gobiernos nacional y local».
La grabación de funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha presentado tradicionalmente un conflicto entre la protección del derecho al honor, intimidad e imagen (Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo), la libertad de información y la seguridad de los funcionarios, aunque no consta que exista ninguna norma general que impida grabar imágenes de una actuación de los agentes.
Si estuvieran tranquilos con lo que hacen, no les importaria que les grabaran.
El que algo teme, algo debe.
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