La presidenta de la Comisión de Igualdad y diputada del Grupo Popular, Carmen Quintanilla, ha pedido hoy mediante una Proposición no de Ley que “las instituciones avancen en la protección de los niños a través de una mayor y más eficaz coordinación entre ellas a la hora de detectar y abordar las medidas necesarias para luchar contra el maltrato infantil”.
“La violencia contra la infancia nunca es justificable y debe ser rechazada y combatida con contundencia porque supone la negación de la dignidad inherente que como seres humanos tienen los niños”, ha subrayado Quintanilla.
Durante el debate de esta iniciativa parlamentaria del GPP en la Comisión de Sanidad, la diputada popular ha explicado que esta PNL “complementa las acciones que el Gobierno de Rajoy está llevando a cabo en políticas de infancia y de protección de sus derechos, lo que ha supuesto un fuerte impulso” en esta materia.
En este sentido, ha recordado la creación de una Subcomisión para abordar la violencia infantil y el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 aprobado el pasado 5 de abril.
“Un plan elaborado de forma concienzuda con la colaboración de organizaciones de tanto prestigio en la lucha por la defensa de los derechos de los niños”, ha añadido la diputada del PP.
Por otro lado, ha apuntado que según el Observatorio de la Infancia y Nacionales Unidas “el término violencia contra la infancia va más allá que el de maltrato infantil”.
Asimismo, la portavoz del PP ha señalado que “en España se calcula que entre 5 y 15 niños de cada 1.000 son objetos de malos tratos y en el caso de bullying o acoso escolar esta cifra se incrementa hasta el 17 por ciento”.
Sin embargo, Quintanilla ha destacado que “según la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas sólo se detectan entre un 10 y un 20 por ciento del total de casos de maltrato infantil”.
Por ello, la diputada del PP ha pedido al Gobierno que “continúe trabajando en colaboración con las diferentes Administraciones Públicas para unificar los conceptos de detección, valoración, intervención, tratamiento y seguimiento de los casos de maltrato infantil”.
Además, ha solicitado al Ejecutivo que “actualice y difunda, en colaboración con las Comunidades Autónomas un protocolo de actuación” y que “apoye la formación de los profesionales del ámbito sanitario, educativo, social y judicial para que dispongan de las herramientas y habilidades necesarias para la detección efectiva de los casos de maltrato infantil”.
