Si el informe del Defensor del Pueblo ‘La realidad catastral en España’ deja ver lo que no se ve y por ello permanece oculto, algo sigue deteriorándose en el ámbito de lo público.
Si es cierto que en España existen más de un millón de viviendas ocultas (el informe del Defensor del Pueblo, habla de manera aproximada de 726.156 unidades, que otros suben a ese millón redondo), ocultas a la radiografía catastral, y que de hecho no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles; habrá que pensar que la tendencia a la ocultación es tremenda y creciente en este país. Y representa casi el 4% del parque inmobiliario nacional, de algo más de 26 millones de unidades
Esa ocultación catastral, puede suponer el impago de 500 millones de euros de promedio y de forma aproximada. Y ello, con independencia de la tipología de un impuesto discutido como es el IBI (como ha ocurrido recientemente en Italia) que grava la tenencia, y no la producción y el consumo. Si a ese millón de viviendas opacas al Catastro y a los impuestos locales, le añadimos ‘las viviendas a medias’, como yo las llamo, esto es viviendas en proceso de finalización constructiva, en vías de embargo judicial, de desahucio o lanzamiento, en manos del SAREB y sin dueño aparente o al menos discutido; puede que se suba a otro millón más las viviendas fantasmales, que también son opacas al Catastro y que por ello dejan de tributar.
Con lo cual los impagos del IBI llegarían por ambas vías, ya a los 1.000 millones de euros. Cantidad a la que habría que sumar otros 1.000 millones de euros de impagos provenientes de las propiedades de la Iglesia Católica, procedentes de residencias, viviendas, albergues y otros edificios no afectos al culto, que como saben ustedes tampoco pagan ese impuesto, merced a los acuerdos del vigente Concordato entre España y la Santa Sede. Como además los inmuebles propiedad de Cruz Roja, de los Ayuntamientos y Sociedades Municipales, así como todos aquellos exceptuados del impuesto (Seguridad Nacional, defensa, Servicios educativos, Instituciones Penitenciarias y Sedes diplomáticas) tampoco pagan por ese concepto; el agujero existente por el IBI no cobrado, subiría a la muy importante cantidad de 26.000 millones de euros. Es decir que el total importe no ingresado de IBI, rondaría de cerca los 30.000 millones de euros.
Cuando en 2011, los ingresos totales de todos los ayuntamientos españoles por ese concepto tributario, llegaban a 10.027 millones de euros. Es decir los impagos, legales e ilegales, que minimizan las capacidades financieras locales representan tres veces más de lo realmente ingresado. Nutriente financiero de los Ayuntamientos, que para colmo de males, supone el 30% de los ingresos tributarios locales y el 57,81% de los impuestos directos locales. Nutriente financiero, sujeto además al debate de su valoración catastral, merced a la caída experimentada en el ámbito inmobiliario en los últimos cinco años. Que algunos analistas fijan ya en una depreciación, en dos años, de 360.000 millones.
