CSI·F denuncia que algunos de los despidos “descontrolados” que ha hecho la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los pasados meses, están teniendo respuestas jurídicas a las demandas planeadas, como la reciente Sentencia del Juzgado de lo Social 3-Bis de Ciudad Real, de fecha 25 de julio, que da respuesta a la demanda planteada por CSI·F y declara improcedente el despido de una trabajadora, condenando a la Junta de Comunidades a optar entre la readmisión de la empleada o el abono de una indemnización de 11.884,72€.
«Desde CSI·F, entendemos que la condena implica un alto coste a pagar que sale de los bolsillos de las castellanos-manchegos, que costean la política de derribo que ha hecho y sigue haciendo la Junta de Comunidades con muchos empleados públicos a su cargo».
CSI·F reprocha al gobierno regional «no haber afrontado estos temas con mayor rigor y realizado estudios previos que permitieran realizar una política de personal más realista y coherente, evitando llevar a cabo acciones fuera de la legalidad, como el despido objeto de la sentencia ganada».
Este no es el único caso, advierten desde CSI·F, y «a lo largo del otoño seguirán saliendo sentencias, condenatorias, que la mayoría recurre la Junta al Tribunal Superior de Justicia, donde se le seguirá condenando a la Junta a pagar cantidades superiores a las que hubiera costado mantener a los trabajadores en su puesto de trabajo y haber hecho las cosas bien, sin provocar el consiguiente deterioro del servicio al ciudadano».
