El Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato ha aprobado recientemente una resolución por la que a partir del 1 de octubre los enfermos con determinadas con determinados tratamientos van a tener que pagar hasta el 10% del precio de las medicinas que necesitan para su tratamiento en periodos de hospitalización.
En concreto, esta medida afecta a los enfermos de hepatitis C, artritis reumatoide o determinados tumores, es decir, a pacientes con enfermedades crónicas que encontraran nuevos impedimentos y dificultades para mantener de manera adecuada sus tratamientos, muchos de ellos con enfermedades crónicas, que incluso, se van a ver afectados por un doble copago, a pesar de no tener posibilidades económicas para afrontarlos.
Daniel Martínez, Coordinador Regional de IU en Castilla-La Mancha, ha calificado de “muy graves e inhumanas estas medidas, que una vez más demuestran la nula sensibilidad con enfermos graves y las personas más vulnerables, en una sanidad pública cuya gestión está siendo supeditada a los intereses económicos y las empresas privadas del sector sanitario”.
Según Martínez, “en Castilla-La Mancha somos campeones en recortes sanitarios para poder pagar a los bancos, es decir, la Presidenta Cospedal está más preocupada de la salud de los bancos que de la asistencia sanitaria para los ciudadanos de esta región”. “Llueve sobre mojado, ya que los recortes en sanidad, incluso en servicios sociales, están castigando duramente a los colectivos más afectados por la crisis económica: pensionistas, personas con dependientes a su cargo, los propios dependientes, y familias con bajos ingresos comienzan a sentir el abandono del sistema de salud público”, aseveró Martínez.
«Es una evidencia que los enfermos no pueden dejar de tomar esa medicación, lo contrario supondría una grave situación para ellos, mientras que la administración apenas ahorra nada e incluso se llegarán a aumentar los costes de la asistencia sanitaria ante el agravamiento de la situación de los enfermos», concluye.
