El alcalde de Valdepeñas y senador del PSOE por la provincia de Ciudad Real, Jesús Martín, ha rechazado de lleno la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que ha planteado el Gobierno de España porque asegura que “va mucho más allá de una injerencia a la autonomía municipal”.
Pero el quid de la cuestión y lo que Martín considera más grave y preocupante es que en el fondo la reforma de la administración local “afecta de lleno y de forma grave al ciudadano en su sentido más directo, porque si esa ley llegara a salir hacia adelante, en un ayuntamiento como el de Valdepeñas supondría que el Gobierno tendría la autoridad para quitarnos directamente la actual escuela de educación infantil, el centro de mayores del Lucero, y desaparecerían también la escuela de música o el consultorio que tenemos en la pedanía de La Consolación”.
«Los ayuntamientos, dependiendo de su población, perderían competencias propias como, entre otras, la gestión de parques, bibliotecas públicas, mercado, tratamiento de residuos, instalaciones deportivas, transporte urbano, alumbrado público, cementerio, pavimentación de calles o el abastecimiento de agua», recuerda Martín.
El responsable socialista ha manifestado que la ley que ha puesto encima de la mesa el Ejecutivo nacional del Partido Popular es una “barbaridad” por los efectos que tendría para los municipios y para sus ciudadanos, pero es que además considera que es anticonstitucional, por lo que ha avanzado que, de seguir adelante, el PSOE acudirá al Tribunal Constitucional al entender que “estaría vulnerando el voto universal, porque un ciudadano me vota a mí como alcalde y es a mí al que me pide responsabilidades”.
Unas responsabilidades que a buen seguro le «demandarían» si la localidad que gestiona «perdiera toda una serie de servicios sociales básicos fundamentales para los ciudadanos que hasta ahora les presta con total garantías y que quedarían en el aire».
En este sentido, el alcalde de Valdepeñas ha subrayado que “la democracia no valdría para nada y volveríamos poco menos que a un estado de dictadura donde una especial de gobernador civil podría quitar y poner arbitrariamente las competencias que tiene el alcalde de la localidad dependiendo de si fuera más o menos molesto con el gobierno de turno”.
Martín ha reiterado que eso es lo que sucedería en realidad con la reforma de la administración local “en la medida en que una ley permita que un señor al que un ciudadano no ha votado me puede quitar la gestión del Ayuntamiento”.
La solución para el también senador del PSOE pasa por redactar una normativa de consenso, pues entiende que una ley de un calado tan profundo que atañe a 8.116 ayuntamientos y con unas influencias tan directas sobre el ciudadanos no se puede diseñar bajo una imposición, a no ser que tal y como sospecha, «el Gobierno central persiga dar otro hachazo al estado del bienestar y dar entrada al sector privado en la gestión de los servicios sociales públicos que hoy prestan de forma eficaz los consistorios».
Jesús Martín ha concluido resaltado que con el actual planteamiento de los ‘populares’ lo que está en juego es que la administración se aleje de los ciudadanos, que pasen a manos privadas en gran medida los servicios que reciben y que los mismos se desmantelen”.
