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Pleno en Ciudad Real: La mayoría del PP defiende su política fiscal blandiendo la deuda de Puertollano

- 25 octubre, 2013 – 13:082 Comentarios

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real celebrado hoy ha aprobado la  modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2014 en un ejercicio de confrontación dialéctica entre Gobierno y oposición. Lo que para los primeros es todo un triunfo de la política de contención de gastos y fruto del cumplimiento de los planes de ajuste, es para los segundos un “autobombo” que sólo beneficia a las arcas municipales. Y como telón de fondo, una vez más el Ayuntamiento de Puertollano, que para el equipo de Gobierno simboliza las incongruencias de un PSOE que rechaza en la capital lo que hace en la ciudad industrial.

Plenooctubre
Los puntos relativos a la modificación de Ordenanzas Fiscales y del Callejero a efectos de Tributos y Precios Públicos y a la modificación de las Ordenanzas reguladoras de Precios Públicos concitaron un debate ya repetido en los días anteriores al pleno. El concejal de Hacienda, Miguel Ángel Poveda, ha vuelto a defender las ordenanzas y rechazar las enmiendas socialistas subrayando que no van a incrementar la presión fiscal a los ciudadanos merced a la congelación des tasas y aumento de bonificaciones y exenciones para el próximo año. Además, ha recordado que no se aplicará la habitual actualización del IPC en tasas y precios públicos.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista votó en contra de la propuesta por considerar que sólo beneficia a las arcas municipales. La portavoz Pilar Zamora insistió una vez más en que la congelación de tasas es ficticia, pues se suben conceptos como el IBI y el agua, y no se baja la basura a pesar de la reducción del servicio.

Poveda contestó que los ataques del PSOE están basados en “mentiras”, ya que el IBI no se puede congelar puesto que hay que subirlo por ley, y que el RSU aumentó en su día el servicio a los domingos sin subir el precio por lo que ahora no tiene por qué bajarlo. Respecto a las ordenanzas fiscales, Poveda explicó que los indicadores son positivos para bajar la presión fiscal, y que la situación de las arcas municipales permiten pagar a los proveedores en el plazo de un mes. “Ya no tenemos números rojos”, espetó al PSOE, “aunque, ideológicamente, quizá a ustedes les gusten más los número rojos que los azules”.

Según Poveda, las propuestas contenidas en las enmiendas presentadas por el PSOE causarían un agujero de unos tres millones de euros. Al respecto, subrayó que la deuda viva del Ayuntamiento estará a final de año por debajo de los 30 millones, y en este punto puso como ejemplo al Ayuntamiento de Puertollano, que presenta una deuda viva de más de 90 millones de euros y donde precisamente el PSOE ha propuesto una subida generalizada de impuestos y tasas. En relación a la tasa del agua, que afectaría varios municipios, el concejal ponía el ejemplo de una comunidad de vecinos en la que, atendiendo a la propuesta de la responsable socialista de ecomía, concluía Poveda que “Zamora sería la morosa de la comunidad”.

Otros puntos aprobados fueron la dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación del marco presupuestario a medio plazo (2014-2016), la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de servicios de Gasset.

Respecto a las mociones, fueron todas rechazas por la mayoría absoluta del PP. Fue el caso de la moción de Izquierda Unida referente a planes sociolaborales de empleo, leída por el secretario municipal ante la ausencia por enfermedad de la portavoz de IU, Carmen Soánez; o la moción del grupo socialista sobre el turismo de naturaleza aprovechando  el potencial de los volcanes de la comarca. Este punto dio pie a un encendido debate entre el edil socialista Alberto Lillo y la concejala de Turismo, Lola Merino, quien cree que Lillo ha copiado la moción de la web de turismo de Castilla-la mancha. Considera Merino que realmente la propuesta socialista es un visto bueno a la labor del equipo de Gobierno por cuanto las rutas planteadas por el PSOE ya existen en las guías elaboradas por el Ayuntamiento.

Lillo, por su parte, defendió la moción  diciendo que las políticas llevadas a cabo por el Consistorio “son de chapa y pintura”, insuficientes y erróneas.

Asimismo, fue rechazada la moción de Izquierda Unida de rechazo a la reforma de la Administración Local y la moción del grupo socialista para la creación o contratación de un gabinete jurídico que se persone en defensa de los ciudadanos de la localidad que tengan suscritos contratos de préstamo con cláusula suelo. En este sentido el portavoz del equipo de Gobierno, Pedro Martín, recordó que ya hay plataformas que asesoran convenientemente y que “las cláusulas suelo en sí no son legales, sino tan sólo aquellas en las que faltan los requisitos de transparencia e información”. “De todos modos”, aseguró Martín, “el gobierno del PP es el que está afrontando este problema, no como hizo Zapatero, y el Banco de España vigila estas prácticas y vela por los consumidores”.

En el apartado de ruegos y preguntas el equipo de Gobierno informó de que la el Consistorio sigue buscando financiación para la tercera fase de las obras del Museo Elisa Cendrero

Por último, Luis Mario Sobrino Simal, en representación de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios Alfonso X El Sabio (FLAVE), preguntaba por qué “no se ha respetado la normativa” en contratación del sector público al contener la licitación del servicio de zona azul dos prestaciones distintas, por un lado la explotación y gestión del estacionamiento regulado y, por otro, la retirada de vehículos y grúa municipal; si la rebaja “desproporcionada” que han sufrido las condiciones económicas en la segunda licitación sería con el fin de favorecer la aceptación por el adjudicatario del servicio de grúa municipal y la retirada de vehículos;  y por qué se unen dos servicios cuando se encuentran regulados por ordenanzas fiscales distintas, suponiendo la retirada de vehículos, además, un acto de autoridad y, por tanto, no privatizable. A estas cuestiones respondía el concejal de Urbanismo, Pedro Martín, quien aclaraba que los servicios jurídicos del Ayuntamiento no encontraron inconveniente alguno y que se respetó en todo momento la normativa referente a los contratos con el sector público. “Desde el punto de vista técnico -añadía- no ha habido una rebaja del precio del contrato desproporcionada ya que los criterios de adjudicación se marcaban a límites máximos y límites mínimos; en cuanto a la retirada de vehículos es una obligación más del contrato a prestar por el adjudicatario, quedando en posesión del Ayuntamiento el cobro de tarifas por retirada de vehículos de las que el adjudicatario no va a percibir nada”. Respecto al acto de autoridad que supone la retirada de vehículos, el concejal de Urbanismo argumentaba que quien ordena la retira es un agente de la Policía Local o un agente de movilidad, limitándose los operarios de la grúa, a las meras funciones mecánicas del transporte del vehículo.

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