Los Procuradores de la provincia de Ciudad Real han vuelto hoy a protestar contra el Proyecto de Ley de Servicio Profesionales impulsado por el Ministerio de Justicia para la liberalización de los Colegios Profesionales. En esta ocasión se han sumado a la protesta en los juzgados de las correspondientes localidades, los procuradores de las localidades de Daimiel, Puertollano y Almagro . El Colegio de Graduados Sociales también ha apoyado la reivindicación.
El Proyecto de Ley de Servicio Profesionales que pretende aprobar el gobierno ha provocado una indignación generalizada de los Procuradores, cuyas protestas vienen sucediéndose semana tras semana.
El Colegio de Procuradores de Ciudad Real considera que «de aprobarse el texto acabaría con la especialización profesional, provocaría el caos de la Administración de Justicia y un gasto que deberían asumir los ciudadanos. Sería un daño irreparable para el sistema judicial español».
«El Proyecto de Ley, tal y cómo está definido, provocaría una pérdida de calidad en la justicia. Se perdería la especialización y la experiencia del Procurador como técnico procesalista», subrayan.
«La ley vacía de contenido la función del Procurador al dejar de ser incompatibles las funciones de abogado y procurador, pudiendo convertirse los abogados en representantes de la dirección letrada y a su vez de los actos de comunicación», explican los procuradores. »
De esta forma el sistema de notificaciones judiciales del procurador que paga la propia Procuraduría desaparecería después de una inversión de 180 millones de euros en toda España, pues habría que reformar el sistema de notificaciones para que llegaran directamente a los abogados con el coste que ello supondría a los ciudadanos. En definitiva, provocaría una mayor dilación en la tramitación de los procedimientos y un encarecimiento de la Justicia», aseguran.
El Ilustre Colegio de Procuradores de Ciudad Real se suma a la reivindicación de todos los sectores afectados por el Proyecto de Ley de Servicios Profesionales e insiste en que «previo al trámite parlamentario , se necesita un debate abierto, transparente y constructivo con los diferentes sectores profesionales afectados».
