Juan Fernando Ruiz Claver. Concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real.- La opinión de la calle y el sentir de los ciudadanos son el reflejo y la expresión máxima del desarrollo político en los gobiernos democráticos. Los comicios electorales permiten a cada habitante de nuestro país con derecho a voto, decidir quiénes serán sus representantes en las distintas Administraciones Públicas cada cuatro años, pero el sistema democrático permite a todos y cada uno de los habitantes de este país, expresar su opinión sobre cómo se está gestionando esa representación en cualquier momento, (o así ha de ser, al menos).
Y lo cierto es que en los últimos tiempos, la convulsión social que provoca la difícil situación que España está atravesando, ha activado, y de qué manera, el clamor popular. Los españoles y españolas, cansados ya de explicaciones vacías de contenido y de promesa infundadas, han tomado la calle para defender sus derechos, para proteger sus puestos de trabajo, para que se les garantice un futuro inmediato y para reclamar la calidad de vida necesaria para que subsistir merezca la pena. Las denominadas “mareas humanas”, definidas por unos u otros colores según sea el objeto de la reivindicación, tiñen a diario las calles de nuestras poblaciones, demostrando que, lejos de preocuparse por valoraciones numéricas que justifiquen o no dichas actuaciones, lo importante es mantener sin cansancio la protesta ante la supresión de derechos y libertades.
Las actuaciones practicadas por los gobernantes sin la pertinente consulta a la ciudadanía, olvidando que la participación en los procesos de gestión es clave para el ejercicio del gobierno democrático, son castigadas con protestas incesantes hasta conseguir el retroceso y la paralización de las mismas. Todo esto realizado con el debido respeto a la ley, utilizando los cauces que el sistema establece para ello y sin alterar el orden público y los derechos de los demás. Otro tipo de actuaciones violentas, que no persiguen ningún objetivo que no sea el vandalismo, el destrozo y la agresión sin más, y que suelen aprovecharse, cual viles lampreas, de lo que otros organizan con respeto, no son más que eso: actos violentos y delictivos que no merecen otra cosa que la condena social y, en su caso, el castigo que las leyes establecen para ellas.
La calle está hablando alto y claro; y está exigiendo la recuperación del estado del bienestar que antes disfrutaba y que cada día es más efímero e inalcanzable. Pero ahora no se pretende regresar a la bonanza desmesurada que provocaron aquellas políticas conservadoras que, utilizando el ladrillo como argumento, beneficiaban a algunos haciéndonos creer a todos que esto era “Jauja”, que detrás de cada puerta se escondía un adinerado promotor inmobiliario, y que los bancos abrían sus puertas generosas, sin exigencias previas ni cobro de intereses posteriores.
La calle ya no se deja engañar y lo que ahora reclama es la recuperación de los derechos fundamentales y del estado del bienestar que se había consolidado con las políticas sociales progresistas, preocupadas por asegurar una educación de calidad y para todos, una sanidad pública eficaz y gratuita, un trabajo digno y duradero, la necesaria atención a las personas dependientes, una vivienda estable, una situación cómoda para aquellos que han cumplido con su trabajo y ya se han jubilado, un futuro cierto para quienes están formándose, adquiriendo los conocimientos necesarios para realizar trabajos de calidad, sin tener que marcharse de nuestro país para ello, unas garantías mínimas para aquellos que cuentan con capacidades diferentes y situaciones económicas complicadas…
En definitiva: la calle pide a gritos la estabilidad, la seguridad laboral, el desarrollo económico y buen gobierno de los recursos disponibles en un sistema de reparto equitativo y sin discriminación que han conocido en la práctica del ejercicio de los regímenes socialistas, preocupados por consolidar estas garantías de bienestar social. La sociedad también sabe que se han cometido errores, y no los perdona: la falta de la debida previsión, o la desproporción en el gasto que ha podido interpretarse como despilfarro populista ante la situación de crisis que acontecía, ha castigado con rigor a sus responsables.
Pero el tiempo ha demostrado que establecer una sistema de garantías sociales no es gratuito; y que es necesario anteponer las necesidades vitales a la estabilidad económica, siempre que se pretenda como objetivo final la mejora de la calidad de vida y la defensa de los pilares básicos e inalienables.
Quien no ha gobernado, se permite el lujo de colgarse la medalla de la reivindicación activa, a sabiendas de que cualquier afirmación provocadora, cualquier actuación mediática, aun cuando roce lo delictivo o cualquier movimiento social descontrolado, no les pasara la factura de la responsabilidad y la experiencia de quienes han cumplido con la función de regentar el devenir del pueblo.
Pero la calle manda: son los ciudadanos los que quieren y pueden decidir, sabiendo que han de hacerlo cumpliendo con el orden establecido y asumiendo que la mejor manera de canalizar sus pretensiones es eligiendo a los mejores representantes políticos en cada momento. Y ahora la calle grita y exige alto y claro: grita basta ya; es la hora acabar con el político sordo, autoritario, alejado del ciudadano, y consolidado en su cargo para dejar paso al político interlocutor, altavoz, mediador, participativo y transparente; que sirva de conductor material de las necesidades sociales y que no consolide su futuro a expensas del bolsillo de quien lo elije. Exige de una vez por todas, la verdad como única vía de trasmisión de mensajes y la honestidad como valor fundamental del gobernante.
Y quien no quiera escuchar la voz de la calle, que se atenga a las consecuencias.
