La Junta de Personal denuncia el «abuso» que se hace de los colaboradores sociales en la administración del Estado

La Junta de Personal de la Administración General del Estado de Ciudad Real, colectivo de más de un millar de trabajadores, denuncia el «uso abusivo» que se está haciendo en algunos organismos de esta provincia, como Subdelegación del Gobierno, Abogacía del Estado y, sobre todo, en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de la contratación de colaboradores sociales, «que en algunos incumple manifiestamente la normativa que regula este tipo de contratos».

«Según información de la propia Confederación Hidrográfica, actualmente prestan servicios en sus dependencias de Ciudad Real treinta y cinco colaboradores sociales, treinta de ellos realizando tareas administrativas y cinco con funciones de técnico, que representa un 30% de la plantilla total entre funcionarios y laborales, lo que es a todas luces excesivo, pues se obtiene capital humano a bajo coste para desempeñar un trabajo que debería cubrirse convocándose en oferta de empleo público, e impulsando los métodos de promoción interna», asegura el sindicato CSI·F.

La Junta de Personal de la Administración General del Estado manifiesta que, en todo caso, «debe acreditarse en la contratación de colaboradores sociales la utilidad social y beneficio para la comunidad y que la duración máxima del trabajo sea la que le falte al trabajador por percibir la prestación o subsidio por desempleo».

Duración limitada

La colaboración social no puede en ningún caso tener el carácter de indefinida, durando solo el tiempo que el colaborador permanezca en la situación de perceptor de prestación por desempleo para no desfavorecer el empleo público indefinido, ni que suponga un mayor costo para la Administración, ni cause un perjuicio en las cotizaciones a la Seguridad Social, que en vez de ser por el total de las retribuciones del trabajador solo cotiza por la base que tenga en la prestación de desempleo.

Esta Junta de Personal exige a la Administración General del Estado que «acabe con la tasa de reposición cero y que se vuelva a la convocatoria anual de Oferta de Empleo Público y de promociones profesionales para solucionar la sangría imparable en las relaciones de puestos de trabajo, cada vez más mermadas, en aras de seguir prestando un servicio público con la misma calidad que ha caracterizado siempre a las Administraciones Públicas».

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