Izquierda Unida exige al Ayuntamiento de Ciudad Real que reclame el importe que le corresponda del céntimo sanitario y ponga en marcha un plan de empleo

Eusebio Gª del Castillo Jerez.– La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Carmen Soánez, ha desgranado en rueda de prensa tres de las cuatro mociones que esta formación ha presentado para su debate en el pleno ordinario de marzo que se celebrará mañana. En concreto, solicitan que el Consistorio reclame el importe que haya pagado por el céntimo sanitario, que dé una solución al barrio de San Martín de Porres y ponga en marcha una comisión de investigación sobre las obras municipales.carmen-soanez-mociones-pleno

Una moción, explicaba Soánez, en la que se instan al Ayuntamiento a que solicite a la Agencia Tributaria «la devolución del llamado céntimo sanitario, que se instauró en el año 2002 a nivel nacional y en cuya recaudación se integró Castilla-La Mancha en 2005, y donde se ha cobrado en sus límites máximos».

«Este impuesto ha sido declarado ilegal y es por ello que pedimos al Ayuntamiento que solicite esta devolución», añadía. Según Carmen Soánez, en la comisión previa al Pleno en la que se trató esta cuestión, el concejal de Hacienda habría afirmado que no se iba a tener en cuenta esta petición «porque sería muy difícil encontrar las facturas y porque, además, pasados los cuatro años, prescribe para la Administración el pago de facturas».

«Me parecería vergonzoso que un Ayuntamiento no pueda justificar la facturación que ha tenido del consumo de los distintos carburantes de los diferentes servicios», opinaba la concejala de IU. «El Consistorio tiene la obligación de pedir esta devolución de un dinero público que nos han cobrado de forma ilegal y no pueden buscarse excusas para no pedir esta devolución. El Ayuntamiento está obligado a pedir este dinero, que público, y por tanto hay que respetarlo y devolverlo a la ciudadanía».

Con estos fondos que podría recuperar el Ayuntamiento, Izquierda Unida propone la elaboración de un plan de empleo municipal y que se cree un fondo social de emergencia «para paliar la situación de muchas familias que pasan por circunstancias socioeconómicas delicadas».

Por otro lado, tras la visita que esta formación realizó al barrio de San Martín de Porres y tras reunirse con diferentes asociaciones de vecinos de los barrios colindantes, presentan una moción «para que se aplique el plan estatal de fomento de alquiler de vivienda y rehabilitación edificadora y se lleve a cabo una reestructuración del barrio, económica, social y de integración en el resto de la ciudad». Según Carmen Soánez, el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades «tienen la obligación de actuar con estas familias que están malviviendo en esta zona de Ciudad Real».

Asimismo, Soánez anunciaba que IU insistirá en la creación de una comisión de investigación de las obras municipales. Señalaba que, en palabras de  la alcaldesa, no había ningún problema al respecto. «Sin embargo, a lo largo de este mes se han sucedido noticias que ponen de relieve la necesidad de la creación de esta comisión de investigación». La concejala afirmaba que, desde el propio equipo de gobierno, estarían reconociendo que «las obras no se ajustan a lo legalmente establecido, no se exige a las empresas la responsabilidad que tienen que tener una vez realizada una obra pública y, por otra parte, los informes de certificación de las obras no siempre se ajustan a la realidad y al precio que se está pagando por ellas».

Por último, la concejala informaba de la adhesión de IU a la postura sindical sobre el pago de la extra de Navidad del año 2012. «La alcaldesa aseguró que se pagarían los 44 días de extra  que le corresponderían al personal funcionario y, por tanto, también al personal laboral porque, en el Ayuntamiento, tanto el convenio de personal laboral como acuerdo marco de personal funcionario vienen estando a la par. Ahora, la alcaldesa está poniendo problemas y ha manifestado que no pagará la extra del personal laboral mientras no se tenga una sentencia firme de cada una de las personas afectadas. Me parece poco respetuoso y no se puede marginar a un colectivo de trabajadores porque tengan distinta relación contractual con el Ayuntamiento», concluía.

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