Isabel Rodríguez (PSOE) exige al Gobierno que «aclare si va a reducir los diez partidos judiciales que existen en la provincia de Ciudad Real»

Los diputados nacionales del PSOE por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez y José María Barreda, ha formulado varias preguntas al Gobierno de España para que aclare si la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial contempla la reducción de los partidos judiciales. A este respecto, Isabel Rodríguez «intuye» que la modificación de la ley «traerá consigo la supresión de algunos partidos judiciales de los diez que actualmente existen en la provincia ciudadrealeña».
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«En su lugar, serán los juzgados de Instancia quienes asumirán las competencias con la actividad centralizada en la sede provincial, y ese proyecto de Ley hace desaparecer las audiencias provinciales», asegura.

Reprocha Rodríguez que «pese a las múltiples iniciativas que ha planteado el Grupo Socialista, el Gobierno de España hasta ahora no ha dado ninguna respuesta sobre la continuidad o no de todos los partidos judiciales en Ciudad Real».

La diputada ciudadrealeña también se ha referido a la situación de los juzgados de paz, sobre los que también han llevado a cabo diferentes iniciativas en el Congreso de los Diputados.

Considera Isabel Rodríguez que además de ser una institución histórica en el país, “resultan muy útiles para los ciudadanos y para la propia administración de justicia, puesto que libera de una gran carga judicial a los juzgados de Primera Instancia”.

«Pese a esto, el proyecto de ley contempla la eliminación de los juzgados de paz en la provincia de Ciudad Real amparándose en el argumento del ahorro, pero lo cierto es que a una pregunta formulada el Gobierno reconoce que en este momento no es posible hacer una estimación real del posible ahorro», dice.

Un tercer punto abordado por la diputada socialista han sido los registros civiles para los que también se proyectan cambios. 

El PSOE ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que exige al Gobierno de España “que garantice el carácter público, universal y gratuito del registro civil porque ofrece una prestación elemental para los ciudadanos”.

Y le demanda también que agilice la entrada en vigor de la nueva ley del Código Civil y que aclare cuál es la hoja de ruta con los registros civiles “para evitar el desasosiego tanto de los ciudadanos como de los profesionales, pero también para que acabe con la indefinición y la confusión que existe al respecto».

Rodríguez ha concluido destacando que esa reforma del Código Civil (Ley 20 2011 de 21 de julio) diseñada por el anterior Ejecutivo socialista “venía a modernizar los registros civiles, pero es ya se había acometido una inversión de 128 millones de euros para digitalizar todos los archivos de los registros civiles de nuestro país”.

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