Lucio A. Muñoz.- Está asumido socialmente que la teoría referente a la lucha de clases se encuentra actualmente obsoleta, aunque determinadas organizaciones sindicales y políticas, también desfasadas ideológicamente, pretendan seguir utilizándola para abanderar sus interesadas e injustas protestas.
En España, el citado concepto ha evolucionado y, en virtud de ello, su significado apunta en la actualidad a un enfrentamiento entre un grupo extractor y minoritario, compuesto por la élite financiera y la oligarquía político-sindical. Y los damnificados del sistema, que evidentemente son los empleados privados por cuenta ajena, los autónomos, los profesionales liberales y las pymes. Y por supuesto, los parados.
El origen de este conflicto radica en la politización de la Administración. La partitocracia y los sindicatos se han servido de la Administración para lograr sus perniciosos objetivos, convirtiéndola en el enemigo de las empresas y los ciudadanos. Y en la causa de la ruina de España debido al continuo inflamiento del coste de mantenimiento de la misma.
A lo largo de la historia, multitud de regímenes dictatoriales, totalitarios y corruptos han llegado a su ocaso justamente en el momento en el que una tiranizada servidumbre, carente de los derechos fundamentales y saqueada por sus gobernantes hasta la saciedad, se decide a enfrentarse al poder con el objetivo de alcanzar la libertad. Y empujados por el ulterior motivo de “no tener nada que perder”.
Sin llegar a tal extremo, nuestro actual sistema pseudodemocrático se encuentra en una situación límite. El bipartidismo (sistema que, aunque en otros países funcione, en España se ha convertido en una dictadura partitocrática) está arruinando a millones de familias españolas y, por el contrario, mantiene a los dos principales partidos políticos millonariamente subvencionados.
La herencia que nos ha dejado la crisis de deuda. ¿De qué ha servido la brutal subida de impuestos del Gobierno y cuál ha sido el verdadero objetivo de la misma, tanto en cuanto se ha vuelto a incumplir el déficit relativo al ejercicio 2013?
Según el Gobierno, España hace tiempo que dejó atrás la crisis de deuda soberana. Aunque realmente no es así, puesto que los españoles hemos aceptado, vía imposición, y no por derecho, el usufructo de la herencia de la citada crisis en forma de crecimiento constante del endeudamiento público
Recordemos que España ha multiplicado casi por tres su deuda pública en los últimos seis años. (Se encuentra en la actualidad rondando el peligroso límite del 100% del PIB). Y en función de las previsiones del FMI, la deuda de nuestras Administraciones Públicas seguirá creciendo hasta, al menos, el 2018, año en el que se alcanzaría el 105% del PIB.
¿Ante este dantesco escenario macroeconómico, podría volver a producirse una nueva crisis de deuda si los inversores decidieran, en el medio-largo plazo, que España no puede pagar su deuda al valorarla de modo económicamente insostenible?
En base a ello y para que no siga creciendo la deuda pública, es vital cumplir los objetivos de déficit. Se trata de un círculo vicioso que solo puede pararse reduciendo el gasto público. El Gobierno acaba de demostrar esta ecuación al incumplir el déficit del año 2013, superando en cinco décimas el objetivo. A pesar de la brutal subida de impuestos, únicamente se ha conseguido rebajar la cifra de déficit en dos décimas respecto al año 2012. No podemos olvidar que España sigue siendo el país de la eurozona con mayor déficit público.
El Gobierno, siendo fiel a su estrategia basada en “no hacer nada y esperar a ver si escampa”, se sigue fiando de las exportaciones y se lo juega todo a la carta del BCE, que debería adoptar nuevas medidas para estimular la economía de la eurozona y alejar al fantasma de la deflación. Aunque hasta la fecha, los bancos españoles, poseedores de la mayor parte de nuestra deuda pública, han preferido hacer negocio, a través del crédito barato del BCE, y seguir financiando, de este modo, a la Administración en vez de a pymes y autónomos. De todas formas, ¿Cuántas pymes y autónomos, tras la crisis, podrían presentar unos balances que garantizaran la concesión de un crédito bancario?
España destina 30.000 millones de euros al año para pagar los intereses de su deuda. ¿Esta cifra explica que puedan recortarse partidas sociales (educación) o estratégicas (investigación) mientras no se cierran, por ejemplo, miles de empresas públicas sin fines solidarios, subvencionadas y en números rojos? ¿Dónde se destinan realmente los impuestos de los españoles? Estas contradicciones económicas destrozan la competitividad de nuestro país.
La “antigestión de lo público” equivale a la ruina de España.
Todo ello por no hablar de la malversación de caudales públicos, un ilícito penal convertido, a través del secuestro de la Justicia por parte de la casta política, en un jocoso término denominado “despilfarro”.
Los riesgos para nuestra economía puedan llegar procedentes de la crisis de los países emergentes, cuyos mercados podrían retener el capital de los inversores. Pero el problema de la economía española es de origen interno y de índole político: nuestro sistema político partitocrático, subvencionado y estructurado en función del Estado de las autonomías.
Seguir el camino que está marcando Italia sería beneficioso para los españoles pero, contradictoriamente, perjudicial para los intereses del bipartidismo. Italia comienza a reducir su improductivo gasto público-político.
El Senado italiano aprobó (aunque esta aprobación debe ser refrendada por el Congreso para obtener legitimidad constitucional), con el objetivo de reducir el coste de la Administración, la eliminación de las 73 provincias del país transalpino. La ejecución del citado plan conlleva la supresión de 3.000 cargos políticos y el consiguiente ahorro de 800 millones de euros. En términos económicos, la cuantía del coste reducido no es demasiado relevante. No obstante, esta decisión del primer ministro de Italia supone, en primer lugar, un primer paso para reducir el peso de la Administración en el citado país y, en segunda instancia y de manera simbólica, una inyección de moral y optimismo para el sector privado italiano.
Además, el primer ministro italiano desea modificar la ley electoral, reformar el Senado, dotar de independencia a la Justicia…
En definitiva, España debería afrontar el problema político primero para solucionar después el económico. La Transición ha sido un fracaso travestido de éxito por la casta política. Ahora sabemos que no supuso más que el paso de una dictadura a la cleptocracia actual.
El problema es que la izquierda en España está anclada en un pasado rancio caduco y fuera de cualquier realidad actual frente a las europeas que tienen visiones modernas y de estado.Eso es posible en Francia Italia o Alemania aquí su preocupación es la resurrección de Franco o la revancha de la guerra civil además de llenarse los bolsillos y no precisamente de piedras.