Puertollano: El Ayuntamiento decide aplazar el reconocimiento de las facturas de Aconsa por valor de 2,3 millones de euros

Santos G. Monroy.- Quizá fueran las perspectivas del buen tiempo, el puente festivo, el fútbol, o la feria inminente. O no. Pero lo cierto es que el desarrollo del pleno municipal celebrado este miércoles en Puertollano estuvo teñido de una pátina de serenidad e incluso de entendimiento en algunas cuestiones de extrema gravedad e importancia para las cuentas del Ayuntamiento. La decisión más importante fue la retirada de la partida destinada a pagar a la empresa Aconsa las obras de accesibilidad de la barriada de las Mercedes, 2.370.988 euros que en principio iban a ser incorporados en la propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos del equipo de Gobierno.
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Aconsa, pues, tendrá esperar a que los servicios jurídicos del Ayuntamiento dictaminen el cupo de responsabilidad del Ayuntamiento en el pago de ese importe y las propias obligaciones de la Junta de Comunidades, con quien el consistorio firmó un acuerdo de financiación en tiempos del gobierno Barreda.

De este modo, y tras el voto en contra del PP y la abstención de IU, han sido aprobados los polémicos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar facturas no consignadas en partidas presupuestarias por un valor de más de cinco millones de euros. El Ayuntamiento tendrá ahora rebuscar en sus bolsillos para hacer frente a esas deudas acumuladas desde la época del ex alcalde Hermoso Murillo y que ahora pesan sobre los gestores municipales como una patata aún caliente, cocinada en tiempos en los que apenas existía control municipal sobre millones y millones de euros.

El debate previo a la votación de estos expedientes protagonizó la mayor parte del pleno, muy correcto en las formas. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Florentino López Montero, justificó la abstención de su grupo: no pretende convertirse en obstáculo para que los proveedores puedan cobrar. No obstante, no quitó hierro a la sintomatología que representan estos expedientes, y llevó al resto de concejales de paseo por esa galería de los horrores que, a su juicio, ha sido la reciente gestión municipal.

López Montero recordó que los últimos años se han aprobado siete expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por un valor de casi 17 millones de euros que, consecuentemente, «se gastaron sin control y sin consignación presupuestaria». Criticó, en referencia a los dos últimos expedientes, «el gasto de 1,1 millones de euros en vigilancia privada en 2009 cuando se pagaban miles de horas extraordinarias a la Policía Local», o el pago por orden judicial de más de 1,2 millones sólo en intereses a la empresa de limpieza CESPA después de que se hubiera incumplido la renegociación de una deuda de más de ocho millones de euros. «En suma, todos estábamos siendo engañados de manera consciente«, sentenció Florentino López.

La portavoz municipal del PP, María José Ciudad, coincidió en las críticas realizadas por IU, pero se opuso a dar validez con su voto a una sucesión de «irresponsabilidades» que deberían «producir sonrojo» entre los actuales miembros del equipo de Gobierno. Ciudad insistió en las acusaciones de «descontrol» y «falta de transparencia» de una gestión que, a su juicio, se convirtió en una bacanal de gastos que consagró prácticamente en rutina el auxilio de los reconocimientos extrajudiciales.

Molina (PSOE): «No volverá a pasar»

Por su parte, la concejala de Hacienda, Lidia Molina, defendió el reconocimiento de los nuevos créditos apelando a la «responsabilidad municipal» de poner en orden las cuentas y controlar el gasto, y más ahora que, según el equipo de Gobierno, hay margen de acción tras los «buenos resultados» del último ejercicio presupuestario. Según la edil, estos expedientes incluyen todas las facturas «a las que no se pudo hacer frente en los momentos de dificultades», y que generaron un problema que se agravó con la prórroga presupuestaria. En este sentido, Molina ha asegurado que no queda ninguna factura más en los cajones y que en todo caso «no volverá a pasar, no habrá más facturas sin crédito».

En apoyo de la concejala intervino la alcaldesa Mayte Fernández, quien subrayó que no hay previstos más expedientes de este tipo, salvo urgencia, y recordó que en la proliferación de esta práctica administrativa también tuvo mucho que ver la subida del IVA de la luz y del agua.

Reversión de los terrenos de Jesús Bárcenas y Solaria

Por otra parte, la corporación municipal aprobó también por unanimidad la reversión de la parcela 1A-01 del polígono La Nava ocupada por la empresa Obras y Servicios Jesús Bárcenas, incluida la devolución del importe bonificado, así como la reversión de la parcela 1B-01 adjudicada a Solaria por los incumplimientos de las obligaciones contraídas con el Consistorio.

Asimismo, se aprobó, con la abstención del PP, la propuesta de abono de las pagas extras de los funcionarios correspondientes a los servicios prestados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012. Según Ciudad, la abstención de su grupo está motivada en tanto «no está resuelta la cuestión de inconstitucionalidad» que pesa sobre la Ley que atañe a esta cuestión, si bien la alcaldesa sostuvo que esas pagas ya están devengadas, que es de justicia que se pague a los funcionarios los servicios prestados, y que por tanto se trata de una decisión legal que además cuenta con su correspondiente consignación presupuestaria avalada por Intervención.

Por unanimidad el pleno habilitó a la alcaldesa para la firma de la adenda al convenio de 12 de diciembre de 2013 suscrito entre el Ayuntamiento de Puertollano y el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible para la cesión definitiva del uso y disfrute de las instalaciones del que iba a ser Centro de Mantenimiento Industrial (Centro de Metrología y Ensayo).

El Pleno resuelve el contrato de «El Chiringuito» y abre expediente a la empresa de la Dehesa Boyal

Además, todos los grupos estuvieron de acuerdo en aprobar la resolución del contrato, por incumplimiento contractual, del derecho de uso y explotación del espacio para kiosco-bar gestionado hasta hace unos meses por El Chiringuito. La devolución de la fianza sigue un procedimiento aparte por vía ejecutiva, recordó el secretario.

También, y como consecuencia de una moción presentada por IU, se ha acordado por unanimidad la apertura de un expediente sancionador para que los servicios técnicos y jurídicos determinen los posibles incumplimientos de la empresa concesionaria de la Dehesa Boyal, que presenta deudas por cientos de miles de euros.

Finalmente, todos grupos aprobaron dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de 25 de septiembre de 2013 por el que se acordaba el inicio de tramitación del procedimiento para la declaración de la caducidad del Plan Parcial de Ordenación del Sector III (Cerro de San Sebastián) y la resolución del convenio urbanístico suscrito el 12 de junio de 1996 por la mercantil Urbanizaciones San Sebastián. El objetivo es «rectificar» la deriva administrativa de modo que no se siga construyendo en el cerro de San Sebastián.

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