El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Puente, ha explicado este martes lo ocurrido el día anterior, en la Junta General de Aguas de Alcázar, cuyos accionistas, los 21 miembros de la Corporación Municipal, se reunieron como cada 30 de junio para aprobar las cuentas anuales de la empresa pública. Unas cuentas que no se aprobaron a la espera de que el Tribunal Administrativo Central resuelva el último recurso presentado por el PSOE y que determinará si se permite al Ayuntamiento capitalizar la empresa con la entrada de un socio privado.
Por este motivo, y «dado que Aguas es una empresa pública en causa legal de disolución por las pérdidas que acumula en base a la millonaria deuda dejada por el PSOE, si se hubieran aprobado las cuentas con pérdidas se tendría que haber iniciado el proceso de disolución de la empresa», algo que, según explicaba Puente, «el equipo de Gobierno no quiere, pero sí la oposición únicamente por defender los intereses personales de dos miembros del Grupo Socialista: el ex alcalde, imputado por varios presuntos delitos al frente de Aguas, así como por la quiebra de CCM, José Fernando Sánchez Bódalo, y la ex concejal de Hacienda, Ana Belén Tejado, cuyo nombre aparece constantemente en el proceso judicial abierto por esos presuntos delitos que están siendo investigados».
Así las cosas, el equipo de Gobierno ha decidido no aprobar las cuentas hasta que no se resuelva el recurso al Tribunal Administrativo Central, lo que se espera que se produzca esta misma semana. “Una vez capitalizada la empresa, se podrán aprobar las cuentas porque el problema de la deuda habrá quedado solucionado y la empresa podrá seguir funcionando con el mantenimiento de los trabajadores, las tarifas y el servicio, que incluso será mejorado”, explicaba Puente, que añadía que “si el procedimiento no sale, habrá que disolver la empresa, que es lo que pretende el PSOE”.
A continuación, Ángel Puente se refirió al nuevo incidente protagonizado por miembros de la plataforma del agua durante la celebración de la Junta General de Aguas; un incidente en el que, para el portavoz municipal, la plataforma volvió a ser «engañada y manipulada» por el PSOE, «que les arengó para que no abandonaran el Salón de Plenos, obligando a paralizar la sesión durante 45 minutos y a que la Policía Local tuviera que desalojarles». En este punto, Puente dejó claro que las juntas generales, que son juntas de accionistas, tanto de Aguas como de cualquier otra empresa pública, son actos donde sólo pueden estar, y así lo refleja la legislación, los accionistas, que son los concejales de la Corporación. “Esto lo sabe perfectamente el PSOE, que no dejaba que nadie estuviera en las juntas cuando gobernaban”, afirmó. “Sin embargo, los socialistas hicieron que los miembros de la plataforma acudieran a la junta general y les animaron a no salir, a invadir de nuevo el Ayuntamiento y a tener que ser desalojados por la fuerza”.
“Los funcionarios les explicaron que no era un acto público como un Pleno, y los miembros de la plataforma amenazaron a estos funcionarios con frases como ‘os vais a enterar’; llegaron a decir que ellos son el pueblo y que por ello son los accionistas”, relató el portavoz municipal, quien indicó que la «falta de respeto» a las instituciones que demuestra la plataforma se extiende al propio Grupo Socialista. En este sentido, explicó que el propio “multi-imputado”, José Fernando Sánchez Bódalo, “amenazó a un concejal del equipo de Gobierno con darle una guasca, mientras que Tejado se pasó toda la sesión haciéndole fotos al alcalde y subiéndolas a las redes sociales con comentarios ofensivos e injuriosos contra su persona”. “Éstos son los elementos que el equipo de Gobierno tiene enfrente, en la oposición”, subrayó Puente.
“Cuando el PSOE gobierna, las instituciones valen, pero cuando no gobiernan no valen, hay que invadirlas y hay que animar a los miembros de la plataforma a enfrentarse a la Policía”, señaló Puente, quien indicó que para el grupo de la oposición “vale todo”. “¿Qué se puede esperar de dos personas que se saltaban todas las leyes, de un muti-imputado y de una concejal que hace un enganche ilegal a la red de agua y luego quiere comprar con dinero el silencio de sus vecinos?”, se preguntó el portavoz municipal.
Ángel Puente concluyó confiando en que alguien en el PSOE ponga un poco de cordura y asegurando que ya hay miembros de dicho partido que no comparten las actitudes y los comportamientos de “esta oposición de pandereta, de circo y de ruido”. Asimismo, subrayó que el equipo de Gobierno seguirá, pese a todo, apostando por el plan de viabilidad iniciado para la supervivencia de Aguas de Alcázar.
Por su parte, el concejal de Servicios Jurídicos, Mariano Ormeño, dijo sentirse “cansado de la hipocresía de la oposición” y dijo no tolerar que Bódalo dé lecciones sobre nada que tenga que ver con la gestión económica del Ayuntamiento. “Está imputado por la Audiencia Nacional por ser uno de los responsables de la quiebra de Caja Castilla-La Mancha, a la que el Banco de España tuvo que dar un aval de 9.000 millones de euros y que ya no existe; y está imputado por la comisión de delitos en Aguas, por conceder contratos sin procedimiento, por enviar un fax a tres empresas distintas con el mismo dueño para darle contratos por valor de dos millones de euros, por engañar a la Junta sobre la realización de obras que nunca se hicieron para conseguir subvenciones… ¿Qué lecciones viene ahora a darnos?”.
“Estoy cansado de que me injurien, de que me insulten y de que los miembros de la plataforma se crean con derecho a insultar y pretendan tener siempre la razón”, añadió Ormeño, quien advirtió que “si el Tribunal Administrativo Central determina que no se puede seguir con la capitalización de la empresa, se municipalizará el servicio, será lo más público que puede ser porque pasará a ofrecerlo directamente el Ayuntamiento, pero dejando fuera a todos los trabajadores porque son trabajadores de una empresa que ya no existirá”. Además, señaló que “lo que tendrá que hacer el Ayuntamiento es abrir concursos públicos para la contratación de fontaneros, que quizá es lo que no se hizo en su momento”.
VIVEROS ABEDUL Y MEDIOS Y RECURSOS
Por otra parte, este lunes también se celebró junta general de las empresas públicas Viveros Abedul, y Medios y Recursos. En el caso de la primera, que es una empresa de tipo social que ofrece formación y empleo a personas con alguna discapacidad, «el equipo de Gobierno ha conseguido que salga de los números rojos en los que la dejó el anterior equipo de Gobierno socialista».
Así, PP y CxA han desarrollado un plan de viabilidad que ha obtenido resultados, buscando nuevos servicios para los usuarios de la empresa pública, como la venta de plantas, el refuerzo del mantenimiento del Parque Alces o la gestión del campo de prácticas de golf. Con ello, Viveros Abedul ha dejado atrás los números rojos y se ha garantizado su viabilidad.
En lo que respecta a Medios y Recursos, Puente señaló que su función se limita a realizar trabajos de informática e imprenta para el Ayuntamiento, haciendo tareas que suponen competencia para las empresas locales y con un coste para el Consistorio superior al que se puede conseguir en dichos negocios privados. Además, el presupuesto anual, que ronda los 60.000 euros, prácticamente se va en los sueldos de las dos trabajadoras que tiene. Por todos esos motivos, y tras dar pérdidas en los tres últimos ejercicios, el equipo de Gobierno ha decidido disolver Medios y Recursos, empresa pública que no ofrecía un servicio básico al Consistorio, que a partir de ahora buscará una solución para las dos trabajadoras.
[…] de Izquierda Unida, Andrés Carmona, ha criticado duramente al gobierno municipal de PP y CxA por la expulsión a la fuerza de varios ciudadanos de la Junta General de Aguas que se celebraba el lunes 30 de junio en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Para IU, las juntas […]