La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) iniciará en septiembre una campaña de movilizaciones, con concentraciones, manifestaciones y encierros, que culminarán en una convocatoria de huelga, contra de la privatización del Registro Civil aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
De manera paralela, CSI·F va iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, además de estudiar otras medidas legales para detener ‘in extremis’ este proceso de privatización.
CSI·F también está en conversaciones con el colectivo de trabajadores dependientes de los registros mercantiles y de la propiedad, «que se ven afectados por el proceso de fusión de registros que planea el ministerio de Justicia», para que se sumen a las protestas y de esta manera promover una movilización global en los registros civiles y privados de toda España.
«El traspaso de las competencias del Registro Civil a los registradores de lo Mercantil, deja en una situación de incertidumbre a miles de funcionarios dependientes de las comunidades autónomas, cuyo futuro y estabilidad laboral, el ministerio de Justicia no garantiza», señala CSI·F.
«A esta medida hay que sumar el nuevo proyecto de demarcación territorial de los Registros, lo que también supondrá destrucción de empleo que afectará de manera directa al colectivo de trabajadores de los Registros Mercantiles», subraya el sindicato.
Igualmente, CSI·F teme que esta privatización del Registro Civil «acabe afectando a la gratuidad del servicio público (aunque el ministerio lo niegue), previsiblemente a través de futuros aranceles que recaerán en los bolsillos de los ciudadanos».
«Este proyecto ha sido impulsado a espaldas de los sindicatos y sin contar con la unanimidad de las diferentes comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja, Navarra, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Aragón», advierte.
«CSI·F lleva meses luchando contra esta medida recién aprobada y lo va a seguir haciendo para evitar ‘in extremis’ que el Gobierno lleve a cabo esta medida injusta y que resta valor a la profesionalidad y la experiencia de los funcionarios de Justicia, que son los verdaderos especialistas en la gestión del registro civil», concluye.
Por favor sean rigurosos, el personal al q se refieren no es funcionario de carrera ni empleado público fijo, la mayoría no han pasado x oposición y suelen se amigos de…