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El alcalde de Valdepeñas ha dado a conocer una nueva sentencia contra la empresa Litoval por el impago de 17 IBI

- 7 julio, 2014 – 14:25Sin comentarios
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real ha dictado sentencia sobre un recurso interpuesto por la Concejala de UCIN, Litolda Ballesteros, como representante de la empresa Litoval Obras y Construcciones S. L. por el que el juez afirma que “no pueden compartirse tales argumentos, ante la evidencia de que la parte demandante acostumbra a no pagar sus deudas tributarias”. La sentencia ha sido facilitada hoy a los medios de comunicación y viene motiva por la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Valdepeñas a la empresa Litoval Obras y Construcciones S.L. por el impago de 17 Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) de diferentes propiedades correspondientes a los años 2008, 2007 y 2006, por una suma total, con recargos incluidos, de 58.542,14 euros, lo que ha provocado el embargo de un bajo propiedad de la empresa de la que es representante la edil de UCIN, Litolda Ballesteros, ubicado en la calle Cristo, según recoge la sentencia. En rueda de prensa, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, que ha recordado otro litigio con la misma constructora por el impago de 100.000 euros en contribuciones especiales, ha lamentado esta situación así como la actitud derivada de una representante del Consistorio. “¿La dirección política de UCIN, que predica la limpieza administrativa y política de este país, considera que es de recibo tener entre sus filas a una persona que, como dice el juez, no acostumbra a pagar sus deudas tributarias y que burla la buena voluntad de la administración?”, se preguntó el primer edil, que se interrogó sobre si “¿es ético esto de un representante de este Ayuntamiento, que juró defender los intereses de los valdepeñeros?”. Por este motivo, el regidor municipal ha explicado que Litolda Ballesteros, como representante legal de Litoval, justifica los impagos alegando que no recibió las notificaciones de los impagos, procediendo a los recargos y una vez llegado al embargo, alegó que una de las ocupaciones de vía pública que se le giraban no pertenecía a la empresa sino a un particular que resultó ser su marido. En la sentencia el magistrado recalca que “por tanto, no cabe concluir que no existe defecto alguno en el procedimiento, dando que todas las comunicaciones están legalmente notificadas”. En este sentido, el alcalde de Valdepeñas ha indicado que “cuando la señora Litolda hace público que yo leo mal las sentencias y va a presentar una demanda contra mí, también tendrá que presentar una demanda contra el juez, porque es el que le ha dicho el que no acostumbra a pagar sus deudas tributarias”, afirmó Martín, que agregó que “en los últimos 10 años no paga, como bien dice el juez, sus deudas tributarias y le debe a esta administración un montante total de 200.000 euros”, cifra que justificó el primer edil sobre los IBIS también pendientes de pago de los últimos dos años así como de contribuciones especiales que también se llevaron a tribunales. El alcalde ha concluido recordando que “luego vamos a la liquidación del presupuesto y dice que este Ayuntamiento no recauda bien. Claro, si todos los ciudadanos hicieran lo que hace esta señora pues ya me contaréis…”. Contribuciones especiales En otro litigio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha (TSJCLM) también dio la razón al Consistorio en el impago de las contribuciones especiales que se giraron en 2001 y que no fueron abonadas y recurridas por la concejala de UCIN como representante de la empresa Litoval. La cuantía ascendía a 97.853,74 euros y la empresa solicitó el fraccionamiento de pago que le fue concedido, sin embargo, la administración solo percibió el primer 10% que ascendió a 9.785 euros, ya que a partir de ese momento la empresa dejo de cumplir sus obligaciones. Transcurrido los vencimientos aplazados sin que se hicieran efectivos, el Ayuntamiento en 2008 agrupó toda la deuda y procedió al giro de la misma por valor de 97.853,74 euros más los intereses de demora, lo que dio lugar a un recurso de Litolda Ballesteros, concejala de UCIN, como representante de la empresa LITOVAL, alegando que la deuda estaba prescrita.
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