La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales asegura que la Ley de Protección Jurídica de la Infancia y la Adolescencia, conocida como Ley del Menor de Castilla-La Mancha, tiene como objetivo reforzar la protección de los más vulnerables de nuestra sociedad. En los grupos de trabajo para elaborar el texto legal han participado representantes de las principales entidades que trabajan con los menores, como Aldeas Infantiles o Accem, así como jueces y fiscales de la región y un numeroso grupo de profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Por este motivo, desde la Dirección General de Familia, Menores y Protección Social se asegura que la ley seguirá adelante, ya que es fruto de un gran acuerdo social y beneficiará a las personas más vulnerables.
La Ley de Protección Jurídica de la Infancia y la Adolescencia es una norma pionera, especialmente en materias como la adopción, ya que contempla como requisito para poder adoptar no tener antecedentes penales relacionados con la seguridad vial con menores.
Es una ley innovadora y moderna que considera en su texto un tercer perfil de protección para aquellos menores o adolescentes que presentan dificultades graves para la convivencia. En este sentido, el texto regula la conducta inadaptada, sobre todo en los casos en los que hay un grave riesgo para la convivencia de la familia, teniendo en cuenta un fenómeno cada vez más frecuente y preocupante, la violencia de hijos a padres. Además, en la línea que marca la legislación estatal, reconoce a los niños y adolescentes derechos como tener relación con los abuelos, hermanos u otros parientes, siempre que sea beneficioso para sus intereses.
Castilla-La Mancha hace con esta ley una apuesta clara por la figura de la mediación como herramienta para la resolución de conflictos entre personas, y que también será útil en los casos de adopción, por ejemplo, para quienes quieran buscar sus orígenes familiares, que tendrá su desarrollo pleno en la futura Ley de Mediación Social y Familiar.
