La ley mordaza llega al Congreso bajo sospecha: Amnistía Internacional y No Somos Delito advierten de sus efectos sobre los derechos y libertades de los ciudadanos

Eusebio Gª del Castillo Jerez.-  Hoy se vota en el Congreso de los Diputados, y previsiblemente se aprobará con los votos del Partido Popular, la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La conocida como ley mordaza es cuestionada por la oposición y numerosos colectivos sociales por otorgar más poder a la policía, menoscabar derechos humanos y poner en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión, expresión e información.

Activistas de Amnistía Internacional en una acción junto al Congreso de los Diputados
Activistas de Amnistía Internacional en una acción junto al Congreso de los Diputados

María Serrano, portavoz sobre Política Interior en Amnistía Internacional de España, recuerda que el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que, tras diversos informes desfavorables emitidos por diferentes órganos consultivos, tuvo que ser rectificado por el Ejecutivo.  Pero, aun así, el texto a ojos de Amnistía Internacional mantiene numerosos motivos de preocupación que no han sido corregidos ni por el Gobierno ni posteriormente durante el trámite parlamentario.

Amnistía Internacional (AI) considera que esta ley, en su aplicación, podría poner en riesgo varios derechos humanos, como el derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad de expresión e incluso el derecho a la libertad de información. Además, subraya que, a través de su tramitación, el Gobierno está tratando de cambiar la ley de extranjería para legalizar las llamadas 'devoluciones en caliente', "que no son más que devoluciones ilegales que están prohibidas por el derecho internacional".

Para Amnistía Internacional, esta reforma de la ley no hace sino otorgar más poder a la policía sin articular mecanismos de rendición de cuentas."En la ley existen numerosos términos imprecisos, vagos, que son susceptibles de interpretación por parte de las fuerzas de seguridad sin que se hayan establecido garantías o mecanismos de fiscalización para supervisar la actividad policial", advierte María Serrano. Por ejemplo, añade, la policía podrá prevenir la comisión de delitos e infracciones, "pero esos poderes a veces pueden afectar a derechos como la intimidad o al ejercicio de otros derechos que suceden durante una reunión o manifestación". Señala que las facultades que la ley otorga a la policía no pueden ser ilimitadas, y que deben existir mecanismos de control, de lo contrario las fuerzas de seguridad pueden inmiscuirse en otros derechos.

Además, apunta que esta ley limita los lugares en los que pueden tener lugar las reuniones y manifestaciones. Por ejemplo, incluye sanciones de hasta 30.000 euros para las perturbaciones de esta seguridad ciudadana que se produzcan en las cercanías del Congreso, del Senado o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. "Incluso aunque no esté reunidas -matiza-, con lo cual es difícil saber qué bien jurídico quieren proteger". Al establecerse una limitación en los lugares donde pueden llevarse a cabo las reuniones y manifestaciones, según María Serrano, en realidad, lo que se está es privando a los ciudadanos de poder expresar sus reclamaciones ante aquellos que les representan. "Las reuniones y manifestaciones, mientras sean pacíficas, deben poderse realizar en aquellos lugares donde puedan ser vistas y oídas por aquellos que tienen que hacerlo"..

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Marchas de la Dignidad en Ciudad Real

Otro motivo por el que esta ley preocupa a Amnistía Internacional, es porque puede acabar sancionando manifestaciones espontáneas. Serrano recuerda que la legislación española obliga a las personas a notificar a las autoridades cuando vayan a reunirse o concentrarse. "Sin embargo, hoy en día las convocatorias se llevan a cabo a través de las redes sociales, no tienen un organizador identificable o pueden ser espontáneas porque sea imposible comunicarlas cuando los plazos sean mínimos, ya que pueden ser reacciones a un acontecimiento inmediato". De manera que, explica, "si no has notificado, te pueden sancionar aunque tu comportamiento sea puramente pacífico". Por esto AI considera que esta ley no se alinea con los estándares de derechos humanos que establecen que no deben sancionarse comportamientos pacíficos.

Por otro lado, María Serrano hace hincapié en que ley protege más a la policía que a los ciudadanos, porque sanciona las faltas de respeto o de consideración a las fuerzas de seguridad en el marco de una reunión o una manifestación, cuando es "cuestionable" lo que puedan llegar a entender las fuerzas de seguridad por falta de respeto y consideración. "Es un concepto ambiguo que, sin mecanismos de supervisión, no sabemos cómo se va a aplicar, y no hay que olvidar que estamos hablando de funcionarios públicos, que están expuestos a una mayor crítica".

Asimismo, otro punto especialmente "grave" para Amnistía Internacional es que esta ley va a prohibir grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, María Serrano considera que las grabaciones en manifestaciones durante los últimos años han sido cruciales para destapar abusos. "Si ya era difícil y arriesgado grabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, con una ley que lo limite aún más y que pueda sancionar a las personas que tomen imágenes, incluidos los periodistas, es previsible que haya muchísimas más dificultades para documentar y luchar contra la impunidad policial que reina en los casos en los que existen abusos", arguye.

Desde Amnistía Internacional lamentan que la ley no establezca ningún mecanismo independiente de supervisión de la actividad policial. "Al contrario, la ley amplía el número de infracciones con menos garantías para los ciudadanos". María Serrano explica que comportamientos que anteriormente estaban sancionados penalmente van a pasar a la vía administrativa. "Y esto tiene un peligro, porque la vía administrativa es menos garantista para los ciudadanos". En el procedimiento administrativo, subraya, es la propia administración la que decide imponer o no una multa y, además, en este tipo de procedimientos, la policía tiene presunción de veracidad, con lo cual el ciudadano se va a ver con multas impuestas antes de poder recurrir. No hay que olvidar, puntualiza que, además, recurrir le va a costar al ciudadano también porque existe una ley de tasas. "Lo que el Gobierno ha justificado como despenalización de las faltas para sacarlas del  Código Penal, en el fondo no supone más que menos garantías para los ciudadanos", afirma.

Entrada en vigor de la ley
Una vez aprobado el texto de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso de los Diputados pasará al Senado. Se abrirá entonces un período de enmiendas a la totalidad y posteriormente un plazo de enmiendas a los artículos concretos de la ley. Es previsible, tal y como señala la portavoz de Amnistía Internacional, que hasta febrero no se empiece a discutir en la Cámara alta. Si el Senado introdujera enmiendas, la ley volvería al Congreso de los Diputados para una última votación. Si no fuera así, el texto quedaría aprobado y entraría en vigor a los veinte de días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los plazos son indeterminados pero en la primavera de 2015, justo antes de la elecciones municipales y autonómica, la conocida como ley mordaza podría entrar en vigor.

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Cortejo fúnebre en el Congreso de los Diputados

Cortejo fúnebre por los derechos humanos
La Plataforma contra la reforma del Código Penal, la Ley de seguridad ciudadana y la Ley de seguridad privada No Somos Delito formaba parte ayer de un cortejo fúnebre ciudadano por las calles de Madrid que finalizaba en las escalinatas del Congreso de los Diputados para instar a diputados de los grupos de la oposición a que se comprometieran a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana durante la próxima legislatura.

Alba Villanueva, integrante de este colectivo, comenta a MiCiudadReal.es que representantes de UPyD, EQUO, PSOE, Izquierda Plural, PNV y Amaiur han participado en este acto que ha sido secundado por organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Estudiantes, Greenpeace,  la Asociación Libre de Abogados, SOS Racismo y  Avaaz.org, "que han lanzado una consulta a través de internet sobre la Ley de Seguridad Ciudadana en la que solo el 7% de los votantes se manifiesta a favor de la reforma".

El acto ha tenido lugar el 10 de diciembre porque, además de ser la víspera del día de la votación en el Congreso, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. "Entendemos que esta ley va a suponer un duro golpe de derechos como la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión", asegura Alba Villanueva. "Decimos esto porque 15 de las 46 infracciones que aparecen en el último texto de la Ley de Seguridad Ciudadana tienen que ver con restringir estos derechos. Por ejemplo, impedir que se lleve cabo una orden judicial, como puede ser paralizar un desahucio, o policial va a suponer, como infracción grave, multas de hasta 30.000 euros. El escalamiento de edificios y desplegar pancartas, una práctica habitual en las protestas de grupos ecologistas como Greenpeace, puede suponer multas de hasta 600 euros. Todo esto, siempre que suponga un peligro para la seguridad ciudadana, pero esta coletilla es de una interpretación es bastante ambigua. Por otro lado, la resistencia a la autoridad, sin especificar si es pasiva o si hay violencia, va a suponer también multas de hasta 30.000 euros".

El objetivo de esta ley, según la Plataforma No Somos Delito, no es otro que el tratar de acallar la protesta social crítica con la gestión de la crisis por parte del Gobierno que ha florecido durante los últimos años. "Es una forma de blindarse, por más que digan que la reforma pretenda actualizar la ley a un nuevo contexto y persiga defender a los manifestantes de ciertas acciones violentas que ha habido en algunas manifestaciones. Lo cierto es que esta realidad es mínima y apenas llega al 0,08 por ciento de los casos".

Por último, Alba Villanueva resalta que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana viene acompañada por la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma de la asistencia jurídica gratuita, la ley de tasas y la reforma de la seguridad privada, "todo un paquete de medidas que va reducir las garantías de los ciudadanos".

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13 COMENTARIOS

  1. Esta Ley refleja perfectamente el espíritu de quienes la van a votar en el Congreso: el miedo a los iguales, la sociedad del terror, la de los egoístas que quieren todo y que nadie se lo toque, la de los mezquinos, la de los que no dudan en tener las cloacas llenas de mercenarios oficiales para «solucionar» los problemas.

    La ultraderecha no tiene problemas en usar la violencia para arreglar sus asuntos, tal y come se ha visto estos días en el río Manzanares, en Grecia, en Austria o en tantos y tantos lugares. Pues esta ley va camino de eso, la derecha más rancia campa por sus respetos y no dudará en meter el rodillo contra todo aquel que no sea sumiso a su dictado.

    No os dejéis engañar, ellos van a salir indemnes del caso Gürtel (ya se han cargado al Juez Ruz) y a cualquiera que salga a la calle a reclamar sus derechos fundamentales le van a grabar, le van a filiar, le van a retener y luego, con un poco de suerte le van a juzgar con un Poder Judicial mediatizado por la presencia de políticos corruptos en el CGPJ.

    La única forma de arreglar esto es echar al PP de las mayorías absolutas ya mismo. Que la Justicia sea independiente y que no haya un rodillo ultraderechista y liberal, marcado por congregaciones religiosas ultraderechistas que manden en los temas de seguridad del Estado. ESTAMOS EN MANOS DE QUIENES NO CREEN EN EL ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO Y DEDERECHO. ESTAMOS EN MANOS DE INDIVIDUOS QUE EN NOMBRE DE SU DIOS SON CAPACES DE HACER BARBARIDADES HISTÓRICAS.

    A diario estamos viendo cómo se trata a los inmigrantes como animales y se les devuelve a un país, Marruecos, que les arranca los dientes a porrazos. Si esto sigue así, lo mismo va a terminar ocurriendo con todos aquellos que molesten a elementos ultraderechistas que ahora mismo marcan las líneas políticas a seguir. y NO SERÍA LA PRIMERA VEZ…

    El voto democrático es la única arma y ya queda poco para poder usarla. No tenemos excusa para quedarnos en casa. La solución está en nuestras manos. Hay que echarlos ya!!

  2. Yo también creo que ha llegado el momento. El sistema de creencias implantado subliminalmente en la mente de las personas sin conciencia crítica ha hecho mucho daño. Se inoculó durante el franquismo (en una sociedad sin los fundamentos del liberalismo propios de otros pueblos europeos durante el XIX)y dura hasta hoy en buena parte de la sociedad. El autoritarismo, la enseñanza religiosa dogmática impartida en edades tempranas, la mentalidad caciquil y la no menos dañina mentalidad servil, signos dominantes que han configurado buena parte del carácter español.
    Por eso confío en los jóvenes, menos permeables a ello aunque convivan en un caldo de cultivo putrefacto, y sobre todo con un futuro por delante que es ya más suyo que nuestro. Tienen la posibilidad de intentarlo para que las normas que regulan la convivencia no sean papel mojado en tantas ocasiones, ni instrumento para el lucro personal abusivo.
    Creo que llevamos un siglo de retraso, o más, respecto a otras sociedades. Por eso coincido con Blisterr en que, por mínima que sea la esperanza, el voto de muchos podría servir para limpiar la era procurando que el viento no la vuelva a ensuciar. Y si los que lleguen no saben, ya aprenderán, apoyándose en los funcionarios que tantas ganas tienen también de liberarse de los amos de siempre. El cambio está llamando a la puerta. Yo voy a dejarlo entrar.

  3. España no se merece las barbaridades legislativas que nos está infligiendo el PP…. a ver si nos sirve de lección. ¡¡VIVA EL VINOOOOOOOOOOO¡¡¡.

  4. Quizá los grandes ganadores de esta ley son los manifestantes pacíficos que ejercitan sus derechos de manifestación y reunión bajo el amparo de la legalidad, que acuden a las delegaciones de gobierno a informar sobre sus intenciones, que recurren a los juzgados de lo contencioso si entienden que la admón resuelve contra derecho y que, a su vez, asumen los pronunciamientos judiciales, que van a la manifestación con sus proclamas y, pacíficamente, se disuelven y se van a su casa con el poso de, activamente, haber defendido la causa que entienden legítima.

    Quizá los grandes perdedores de esta ley sean los salvajes que creen estar por encima de la ley, que creen que bajo su paraguas reivindicativo pueden tomar calles, plazas y sucursales bancarias impunemente, que creen que la ley es de fachas, cuando lo facha es, justamente lo contrario; creerse por encima de la ley, que creen que una manifestación es una batalla campal, que da pábulo a quemar contenedores, a desobedecer a la policía, a fabricar barricadas…esos son los grandes perdedores.

    • Lo curioso, Sr Letrado, es que sin tener ni una sola de las características de los perdedores que define y sí las de los ganadores, yo me siento uno de ellos.

      ¿Por qué será que el 60% de los españoles pensamos así?

      Saludos.

  5. Muy bien,sr letrado. Su argumentario es impecable y me ha recordado lo que nos decían en la eṕoca de la dictadura: el que no hace nada,no tiene nada que temer…

    Usted y yo sabemos que eso es media verdad,la peor mentira.

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