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PSOE, Ganemos, Ciudadanos y UPyD se comprometen con la PAH a poner fin a los desahucios

Matilde Hinojosa por parte del Partido Socialista, Jesús Campos, cabeza de lista provincial a las Cortes regionales de Ciudadanos, Ángel María Rico y Carmen Soánez, candidatos a la Alcaldía de Unión, Progreso y Democracia y Ganemos han plasmado su firma en el contrato-programa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Un documento que recoge una serie de medidas de protección de derecho a la vivienda y protección de los ciudadanos frente a los desahucios. pah-contrato-03Al finalizar la asamblea celebrada en la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva de la Ciudad Real a la que la PAH ha convocado a los partidos políticos con presencia en Ciudad Real, y tras un breve debate y exposición de motivos entre los asistentes, se ha procedido a la firma del documento. Representantes de VOX también han asistido a la asamblea, aunque han aplazado una posible firma del contrato, ya que, según han explicado, les ha sido remitido sin suficiente tiempo para analizarlo. pah-contrato-01 pah-contrato-02 pah-contrato-04 pah-contrato-05 pah-contrato-06 Nota de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: La PAH busca el compromiso de quienes quieren gobernar en los Municipios de Castilla-La Mancha Tras paralizar casi mil setecientos desahucios; tras realojar a dos mil quinientas familias; tras ayudar, de una u otra forma, a miles y miles de afectados por las malas prácticas de los bancos, cajas y entidades de crédito, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vamos un paso (¡otro!) más allá. Hemos convocado a los representantes de cuantas formaciones políticas concurren a las elecciones del 24 mayo para presentarles un documento en el que se recuerda nuestro derecho fundamental a una vivienda digna y a no sufrir los rigores del invierno o los agobios del verano sólo por no poder costearnos la factura de la luz o del gas. Se trata de un contrato-programa al que instamos a quienes quieren gobernar la región o cada uno de sus municipios a que se adhieran. Uno de los pilares de la sociedad es la Justicia, y el que podamos habitar un espacio digno en unas condiciones aceptables no sólo es de ley (Artículo 47 de la Constitución Española o Artículo 7 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, por ejemplo), sino de Justicia. Ante una crisis que no hemos provocado, pero sufrimos; ante unas prácticas de quienes nos hicieron creer que teníamos más de lo que tenemos y ahora nos culpabilizan y acosan por sus errores y engaños, pedimos la adhesión a una causa justa de aquellos que nos solicitan el voto para gestionar nuestro destino o para controlar desde la oposición a quienes lo hagan. Los puntos que se tocan en el documento son una serie de mínimos que, de hecho, algún partido supera en su programa. Se trata de evitar la exclusión social que provocan unas deudas injustas, la pérdida de un hogar y, en muchos casos, de una vida. No es una carta a los Reyes Magos, sino un recordatorio de que tenemos derecho a una casa donde vivir. Contrariamente a lo que dicen las –malintencionadas- leyendas urbanas, las PAH no son violentas ni excluyentes: las concentraciones ante una sucursal son el último recurso; y nuestras puertas están abiertas para quien quiera echar o que le echen una mano. Así, entre todos hemos acordado que en el documento que hoy se presenta se recuerde la necesidad de una ley autonómica de vivienda pública; un parque de casas de promoción pública que se pueda ampliar con viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias; control público y ciudadano de las empresas que gestionen este parque de casas; o que los ayuntamientos tengan mayor control sobre quién necesita un sitio donde vivir, entre otras cuestiones. También consideramos necesario un observatorio regional de vivienda pública que elabore un plan regional de este tipo de casas. Asimismo, creemos que es preciso un código de buenas prácticas por parte de las empresas energéticas y concesionarias del agua, con medidas contra la pobreza energética. A nivel municipal, debería crearse la declaración de “localidad libre de desahucios” y no intervención de las fuerzas de seguridad en los lanzamientos de vivienda. También consideramos que deben existir planes municipales de vivienda allí a donde se transfieran las competencias en la materia. Es imprescindible proteger a las familias en riesgo de exclusión social y dotar a los servicios sociales de los medios para que puedan trabajar de forma efectiva. Finalmente, y como medida de presión, pedimos a los Ayuntamientos que no trabajen con los bancos que dejan sin techo a los ciudadanos. Este documento no tiene la facultad de obligar a nadie. Sin embargo, y puesto que es justo cuanto aquí se pide, consideramos que quienes van a gestionar nuestros ayuntamientos deberían adherirse a él y manifestar su acuerdo y compromiso con él.
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