Las Cortes regionales han aprobado hoy la propuesta de convenio abono transporte que el Gobierno autonómico ha elevado a la cámara hoy para fijar las condiciones con Madrid de modo que los habitantes de la comunidad de Castilla-La Mancha puedan desplazarse hasta la comunidad vecina en condiciones económicas ventajosas.
Según ha explicado la consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, el convenio propuesto por el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page extiende el sistema madrileño a la franja limítrofe con Madrid, establecida por la comunidad vecina, en dos círculos concéntricos denominados E1 y E2 de 59 y 85 kilómetros desde la capital de España respectivamente y que engloban parte de las provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca. Los ciudadanos que quedan comprendidos en estos límites geográficos pueden obtener el abono para sus desplazamientos con Madrid y utilizar allí todas las modalidades de servicios concertados por el Consorcio de Transportes madrileño: metro, autobuses de la EMT, cercanías de Renfe, metros ligeros, tranvía (Parla) y líneas de autobuses urbanos e interurbanos.
Este convenio, que fue suscrito por vez primera en el año 2000 entre ambas comunidades se estuvo aplicando durante seis años de manera ininterrumpida. Posteriormente se renovó reconociendo los derechos de los viajeros y los términos económicos con carácter retroactivo. El convenio había sido renovado por última vez en julio de 2013, aunque acumulando pagos pendientes desde Castilla-La Mancha al Consorcio madrileño correspondientes a varias anualidades hasta alcanzar una deuda total superior a los 13,1 millones de euros, para cuya satisfacción se ha establecido un calendario de pagos con la Comunidad de Madrid, según ha explicado la consejera de Fomento ante la cámara, de modo que se regularicen los impagos a los que no hizo frente el Gobierno regional anterior.
Los términos en los que se ha aprobado el convenio permitirán “que no volvamos a estar en la situación de inseguridad jurídica en la que recibimos este asunto”, ha dicho Elena de la Cruz, quien considera que el texto aprobado otorga “consistencia en el tiempo” a un acuerdo que afecta a 500.000 habitantes de la región. Pese a la trascendencia que entraña la afectación a prácticamente una cuarta parte de la población de Castilla-La Mancha, la consejera ha revelado que durante toda la legislatura precedente no se celebró ninguna comisión de seguimiento con la comunidad vecina a propósito de este convenio.
Tras multitud de contactos telefónicos y presenciales de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha con los representantes de la Comunidad madrileña, el actual Gobierno regional ya ha satisfecho 2,4 millones de euros de esa deuda, además de haber fijado los términos del nuevo acuerdo con una vigencia que abarca desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019. A partir de esa fecha es renovable año a año si ambas comunidades no pactan lo contrario.
Mientras llevaba a cabo estas gestiones para reconocer los impagos pendientes, el Gobierno regional se adhería al abono para menores de 26 años con tarifa plana de 20 euros mensuales, lo mismo que pagan los jóvenes de la Comunidad de Madrid a pesar de partir de precios mucho más altos en las coronas que E1 y E2, que son las que afectan a Castilla-La Mancha. Esta adhesión se formalizaba mediante un protocolo firmado el 23 de octubre pasado en Madrid por el presidente Emiliano García-Page y la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes de manera que los jóvenes pudieran adquirir su abono a partir de ese mismo mes con ahorros anuales para los menores de 26 años de la región superiores a los 1.000 euros anuales.
Elena de la Cruz ha destacado el “importante esfuerzo económico” que esa circunstancia y la deuda millonaria que había con el Consorcio madrileño entrañan para las arcas regionales, recordando a la cámara que Castilla-La Mancha abona un 66% del déficit de cada uno de los abonos que se comercializan en la región, mientras que Madrid se hace cargo del 34 % restante. A pesar de la inversión requerida para hacer frente a los costes del convenio, Elena de la Cruz ha defendido que “es una manera de disminuir las desigualdades económicas, cohesionar el territorio y apostar por el transporte público”.
Además de su aprobación por ambos parlamentos autonómicos, la legislación obliga a que el convenio sea comunicado a las Cortes Generales antes de su entrada definitiva en vigor.
