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Una sentencia del TSJCM obliga al Ayuntamiento de Puertollano a pagar 2,5 millones de euros por las obras del Carmen y Las Mercedes

- 15 julio, 2016 – 15:4322 Comentarios
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla–La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Puertollano contra la resolución de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que conllevó la paralización de la liquidación del convenio de obras de accesibilidad de los barrios de El Carmen y Las Mercedes de la ciudad minera.
Pasarela de Las Mercedes

Pasarela de Las Mercedes

La decisión del TSJCM implica que el Consistorio puertollanero estará obligado a pagar unos 2,5 millones de euros a los sucesores concursales de Aconsa, empresa que ejecutó la actuación en tiempos del exalcalde Joaquín Hermoso Murillo. Ayuntamiento de Puertollano y Junta de Comunidades firmaron en abril de 2010 el convenio por el cual el Gobierno regional debía pagar el 70% del importe de la obra, si bien, tras la llegada de María Dolores Cospedal a la presidencia regional, el ejecutivo autonómico se negó a reconocer ciertos términos del acuerdo alegando "cambios sustanciales" en el proyecto, dejando sin satisfacer el importe correspondiente a la certificación número 10. En la sentencia, dada a conocer este viernes por el grupo municipal de Izquierda Unida, la Sala subraya que ha alcanzado la “convicción” de que “era una obligación del consistorio haber obtenido autorización para realizar la modificación del proyecto de obra que constituía el objeto del convenio”. Del contenido de las pruebas aportadas, prosigue, se desprende que el Ayuntamiento “podía comunicar las modificaciones en cualquier momento durante la vigencia del convenio, y existía la necesidad de que la administración demandada --la Junta de Comunidades-- conociera y autorizara las modificaciones con carácter previo a su ejecución”. Los magistrados señalan que “pese a ser consciente de esa circunstancia el consistorio ha actuado en el presente caso con claro incumplimiento del convenio, sin que se proceda a dar los motivos por los que se optó por no interesar la aprobación de la modificación del proyecto”. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación en el plazo de diez días. La decisión de la justicia era esperada por la propia alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, quien en el pleno ordinario de marzo de 2016 ya advertía de que “esto hay que pagarlo sí o sí, y no hay manera de escaquearse”, después de que los grupos municipales de Ciudadanos, IU y PP rechazaran la propuesta de un expediente extrajudicial de modificación de crédito para consignar el pago de las obras. “Un reproche a la actuación municipal” En una nota, el grupo municipal de Izquierda Unida recuerda que el convenio subvencionaba esta actuación con un total de 10.210.000 euros, de los cuales sólo se abonaron 7.612.348. “El resto pertenecía a la décima certificación, que fue el objeto del pleito”, explica la formación. Según IU, “a poco que se lea la sentencia se deduce de ella un reproche a la actuación municipal por no cumplir las obligaciones que se derivaban del convenio”. “Una vez más se pone de manifiesto la falta de rigor técnico y racionalidad en la actuación del equipo del gobierno municipal socialista, cuya gestión nos ha metido en el pozo de la tremenda deuda que tenemos”, sostiene la coalición de izquierdas. En su nota, la agrupación hace hincapié en que el equipo de gobierno municipal que acometió el proyecto "paradójicamente solo ha recibido loas y parabienes de los actuales gobernantes socialistas y ni una sola crítica; pero la realidad es tozuda y una y otra vez se pone de manifiesto una evidente falta de rigor en la gestión, probablemente motivada por un exceso de presión política". IU reconoce que en el pleno de marzo no quiso aprobar este pago a través de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos "porque nadie de la oposición entendía la urgencia ante la inminente sentencia, como así ha sido". No obstante, destaca que en ese pleno la alcaldesa acusó a IU de "querer favorecer a los bancos, en vez utilizar ese dinero, que al parecer nos iba a venir de la sentencia del TSJCM, para mejorar los servicios a los ciudadanos". "Claro está que ese argumento estaba basado en la filosofía del cuento de la lechera: no se podía defender, salvo desde fuera de la buena lógica, que la sentencia iba a ser favorable al Ayuntamiento; y así se lo hizo saber el Grupo Municipal de IU", continúa la formación. "El Ayuntamiento ha perdido el pleito; ahora ya no hay argumentos para acusar a unos y otros de querer favorecer a los bancos, y ahora necesariamente tenemos que pagar al banco, de nuestra caja, otros 2.597.652 euros", concluye.
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