CSI·F celebra la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impulsadas en el año 2012 por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En su momento, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios llevó a cabo numerosas movilizaciones y recursos por lo que consideraba una ley “discriminatoria” que conducía a la “privatización” de la Justicia.
El ‘tasazo’ de Gallardón, que ha privado a los ciudadanos de un derecho fundamental, ha supuesto una merma muy importante del servicio público de Justicia y con esta derogación queda demostrado el fracaso político y social de la Ley 10/2012. CSI·F, sindicato mayoritario en el sector, recogió firmas y organizó masivas movilizaciones que fueron desoídas por el ministro, demostrando una “falta de respeto total a los representantes legítimos de los trabajadores y a los miles de ciudadanos que han manifestado su rechazo a la privatización y el deterioro progresivo de la Justicia”.
CSI·F lamenta que se haya tardado tanto tiempo en declarar la inconstitucional de esta ley y que no se devuelvan las tasas aplicadas, ya que el fallo solo tendrá efectos para los procedimientos nuevos y para aquellos en los que no haya recaído sentencia firme.
