Eusebio Gª del Castillo Jerez.- La portavoz del equipo de Gobierno, Sara Martínez, explicaba durante el pleno de anoche y a preguntas de los vecinos de La Pedregosa y El Chaparrillo, presentes en el salón, que el Ayuntamiento «asume su responsabilidad» y que desde el área de Urbanismo se están siguiendo los procedimientos conforme a la legislación vigente. Del anterior mandato del Partido Popular, ha proclamado su total desconocimiento: «No sabemos qué han hecho». Por ello, ha exhortado a los afectados, condenados a demoler sus viviendas, a que exijan explicaciones y responsabilidades a los populares.
«Cuando llegamos el 15 de junio de 2015 nos encontramos con una sentencia firme y judicialmente no se podía hacer nada más», exponía la portavoz. «Teníamos que adjudicar las demoliciones porque un juez nos obligaba a ello».
No obstante, ha recordado que la semana pasada se firmó una declaración institucional por parte de todos los grupos políticos de la Corporación solicitando la pronta resolución del indulto al Ministerio de Justicia. Además, Martínez ha señalado que, por parte del equipo de gobierno, se ha tratado de dar voz y visibilidad a estos vecinos en todo momento. En consecuencia, ha insistido que «las responsabilidades hay que exigírselas a otro grupo que no es el PSOE».
La alcaldesa, Pilar Zamora, por su parte, remachaba que el equipo de gobierno va «a seguir peleando», que se van a presentar más reclamaciones al Ministerio de Justicia y que, aunque tengan que cumplir una sentencia, no van «a bajar los brazos».
Antes de pronunciar estas palabras, Javier Panadero, uno de los afectados, daba lectura a un escrito en el que se relataba la penosa situación en que se encuentran algunos de los vecinos del paraje La Pedregosa y El Chaparrillo, en Las Casas, «aun siguiendo los pasos y actuaciones que les han marcado para regular su situación».
No entienden por qué la mayoría de las viviendas situadas en la misma finca matriz, tanto de El Chaparrillo como de La Pedregosa, se van a mantener en pie «por diversas razones jurídicas: absolución, prescripción e incluso no imputación». Los afectados, recordaba, tendrán que llevar a cabo la demolición de sus viviendas, «a pesar de tenerlas dadas de alta en el Catastro y pagar su correspondiente IBI».
El escrito recalcaba que no se puede conseguir «el fin que persiguen el Juzgado de lo Penal y la Fiscalía»: restablecer el orden del territorio. «Jamás se podrá devolver a su estado original», ya que, en el caso de El Chaparrillo, son dos viviendas de diecinueve las condenadas a la demolición y, diecinueve de cuarenta y cuatro, en La Pedregosa. Situación que califican de injusticia, «generando alarma social, gran indefensión y arruinando la vida de no pocas familias».
Javier Panadero ha pedido a las instituciones «que no se pongan de perfil» ante una grave situación como ésta y que los partidos políticos no los utilicen como «arma arrojadiza». Por último, ha reclamado la unión de fuerzas «para que esta terrible injusticia no se lleve a cabo».
