El Gobierno regional recurre varias cesiones de agua entre regantes del Levante para no permitir trasvases “encubiertos ni en diferido”

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado impugnar ante los tribunales varias resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Segura de los años 2009 y 2010 entre los titulares de las concesiones del Canal del Tedelche en Hellín y las Comunidades de Regantes de Alhama, Totana, Librilla, Águilas y Mazarrón, en la Región de Murcia, tal y como ha anunciado el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los acuerdos adoptados hoy por el Consejo de Gobierno.
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Hernando ha denunciado que en los últimos años ha crecido “de manera impune” el negocio de compraventa de derechos de agua, una práctica “especulativa” a la que el Gobierno central ha abocado a muchos agricultores profesionales de esta región, “limitándoles e incluso negándoles directamente sus concesiones hídricas” y que, ha subrayado, se ha agravado con la compra de tierras de cultivo en zonas de nuestra región para “transferir sus derechos de agua a las tierras agrícolas que ya cultivan en Murcia y que se abastecen del trasvase Tajo-Segura”.

El portavoz del Gobierno regional ha indicado que el Ejecutivo autonómico ha conseguido que durante esta legislatura el Tribunal Supremo haya reconocido, a través de la sentencia 1843/2016, el carácter de “interesada” en todos los expedientes sobre cesiones de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura, tras años en los que “se nos mantuvo al margen y en la oscuridad, quizá porque, con nuestro derecho a voz y voto, podríamos haber emitido informes sobre los graves efectos medioambientales, por culpa de esta reventa de agua, que hubieran paralizado este expolio”.

Nacho Hernando ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page «no va a permitir trasvases encubiertos ni trasvases en diferido”, sobre todo cuando hay zonas de la provincia de Albacete, como la Sierra del Segura, “en las que nuestros agricultores no disponen de recursos hídricos suficientes para poder mantener su actividad”, ha enfatizado.

Ayudas para la inserción laboral de colectivos con dificultades de integración

Nacho Hernando también ha informado de la aprobación por el Consejo de Gobierno de los proyectos CREA, “subvenciones dirigidas a asociaciones, fundaciones y otras entidades privadas, sin ánimo de lucro, que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha, y entre cuyos fines está la integración y formación sociolaboral de colectivos con especiales dificultades en esta integración”.

El portavoz ha subrayado que se trata de una iniciativa “totalmente novedosa” en Castilla-La Mancha” ya que, hasta ahora, “nunca se había fomentado la inserción de personas con dificultades de integración socio-laboral con acciones mixtas de formación y contratos laborales en empresas”.

Los destinatarios finales de estas ayudas serán las personas con una discapacidad igual o mayor del 33%, las víctimas de violencia de género y de atentados terroristas, las personas en riesgo de exclusión y que cobran rentas mínimas de inserción o no han podido acceder a ellas por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido, los menores internos o jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 que procedan de instituciones de protección de menores, las personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos y aquellas procedentes de centros de alojamiento alternativo o de servicios de prevención e inserción social.

Tras recordar que el Ejecutivo regional ha creado un amplio “abanico abierto” de iniciativas para atender a las personas que buscan una oportunidad, especialmente a aquellos que buscan un primer empleo, Hernando ha recalcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no se olvidará de aquellos que necesitan “una segunda o incluso una enésima oportunidad” ya que, ha defendido, “no podemos tirar la toalla con nadie que lo esté pasando mal”.

Durante estos meses, ha abundado el portavoz, el Gobierno regional ha ayudado a numerosos colectivos en la generación de oportunidades de empleo, como jóvenes, parados de larga duración, mujeres y personas con discapacidad, “sin que ello suponga un paso atrás para nadie ni haya sido en detrimento de nadie y sin subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras de la región”, ha concluido.

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