El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha convocado un concurso para la contratación de una auditoría para el control y seguimiento de las ediciones 7 y 8 del Plan PIVE y para los programas Movele, de incentivo al vehículo eléctrico, de 2014 y 2015, según informa Europa Press.
A finales del pasado mes de febrero, la Guardia Civil de Ciudad Real detuvo a 75 personas que presuntamente podrían haber llevado a cabo un fraude masivo en la solicitud de las ayudas del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles a cambio de achatarrar uno antiguo.
El IDAE explicó que el objetivo de esta auditoría es la realización de un análisis de verificación de la información contenida en los expedientes de ayuda, que se encuentran en poder de los concesionarios, para cotejarla con la documentación incorporada en la aplicación de reservas y aquella que se considere relevante en poder de los receptores finales de los incentivos.
Asimismo, destacó que otra de las finalidades de esta iniciativa es determinar el grado de satisfacción de las personas que solicitaron las ayudas contempladas en las ediciones 7 y 8 del Plan PIVE y en los planes Movele de 2014 y 2015.
El presupuesto máximo disponible para dicha operativa para un período anual se sitúa en 56.500 euros, sin IVA, y el plazo para la presentación de las solicitudes de participación finalizará el próximo 23 de marzo.
Ésta es la segunda ocasión en la que el IDAE pone en marcha un procedimiento de este tipo para comprobar las ayudas del Plan PIVE, después de que a finales de 2014 adjudicara un contrato por 43.590 euros a la empresa ATD Auditores Sector Público, por importe de 43.590 euros, para la realización de trabajos y servicios para la comprobación de ayudas y subvenciones de los programas PIVE.
Fraude en las ayudas
A finales del pasado mes de febrero, la Guardia Civil de Ciudad Real detuvo a 75 personas que presuntamente podrían haber llevado a cabo un fraude masivo en la solicitud de las ayudas del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles a cambio de achatarrar uno antiguo.
Entre los detenidos se encontraban 44 personas físicas que obtuvieron ayudas públicas a través de este programa, así como otras once personas relacionadas con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres. Los primeros fueron detenidos por estafa y los segundos por estafa y, en algunos casos, falsificación de documentos.
Las 20 personas restantes eran titulares, gerentes o trabajadores de gestorías en las que se llevaron a cabo este tipo de hechos y que fueron imputados por usurpación de identidad y falsificación de documentos.
