El Gobierno regional destina 4,8 millones de euros a revertir los recortes de la pasada legislatura en el servicio de acompañantes de transporte escolar

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha señalado que “mientras Podemos saca el TramaBus”, el Ejecutivo autonómico ha aprobado sacar a concurso el contrato del servicio de acompañantes de transporte escolar para los cursos 2017/2018 y 2018/2019; medida “que repara los recortes de los años de Cospedal”, ha asegurado durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.
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El contrato asciende a casi 4,8 millones de euros distribuido en dos cursos académicos y contempla tres novedades importantes. Por una parte, se detallan más y se amplían las funciones de los acompañantes con la finalidad de reforzar el control que tienen que realizar de los alumnos en el autobús, así como del propio servicio, de tal forma que tendrán que dar diariamente un parte de incidencias tanto a la dirección del centro como a la Dirección provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

En segundo lugar, se han reforzado los mecanismos de control del cumplimento de contrato, aumentando con ello los supuestos que se consideran graves o muy graves. “Entre los supuestos de incumplimientos muy graves, se añade el de que los trabajadores no podrán percibir salarios inferiores a los registrados en el convenio colectivo, de tal manera que en el pliego quedará recogido el importe salarial mínimo que las empresas tendrán que abonar a sus empleados y por debajo del cual podría dar lugar a la resolución de contrato por parte de la Administración”, ha destacado Hernando. La tercera novedad es que al mismo tiempo que se endurecen los mecanismos de control también se endurecen las sanciones por incumplimientos graves o muy graves.

En el curso actual hay un total de 354 acompañantes en ruta y de 14 coordinadores, lo que supone un total de 368 personas empleadas en este sector. El nuevo contrato, que afecta a 330 rutas escolares, supondrá la contratación de estos 368 trabajadores, con una previsión adicional de 15 acompañantes más. Asimismo, “para dar seguridad laboral a estos trabajadores, el pliego de prescripciones prevé la subrogación obligatoria de los 368 trabajadores que actualmente prestan servicio”, ha remarcado el portavoz del Gobierno regional.

Se reduce en un 66,6 por ciento el periodo medio de pago a proveedores sanitarios

Por otro lado, Hernando ha desvelado que el Gobierno de Castilla-La Mancha invierte 13,73 días de media en pagar a sus proveedores dentro del ámbito sanitario, según datos del propio Gobierno de España analizados por el Consejo de Gobierno.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Hacienda y Función Pública, dentro de sus objetivos de información sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas españolas, que ha actualizado recientemente los últimos datos disponibles sobre el periodo medio de pago de las facturas del sector sanitario en Castilla-La Mancha y en el conjunto de las comunidades autónomas.
Los datos ahora publicados en la Central de Información de su página web se corresponden con el mes de febrero de 2017 y de ellos se desprende que “mientras en Castilla-La Mancha se tarda 13,73 días de media en pagar las facturas sanitarias, en el conjunto de todas las comunidades autónomas españolas el dato medio se sitúa en 27,55 días, lo que supone que pagamos el doble de rápido que el resto de las comunidades”, ha subrayado el portavoz.

Hernando ha valorado el esfuerzo de gestión realizado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), “ya que este indicador ha experimentado, en los dos últimos años, una evolución muy positiva, pasando al final de la Legislatura de Cospedal, en febrero de 2015, de 41,07 días de media para pagar las facturas a los proveedores del sistema sanitario, a los 13,73 días de media en febrero de 2017”, es decir, un 66,6 por ciento menos.

“Esto demuestra la agilidad y eficacia en la tramitación administrativa de las facturas de los proveedores, así como la evidencia del cumplimiento y mantenimiento de unas cuentas públicas saneadas y la concienciación de que todos somos responsables en acortar en la medida de lo posible los plazos de pago”, ha recalcado.

Ayudas para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos

Por último, el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a una orden de ayudas dirigidas a la instalación de puntos de recarga eléctricos y de estaciones de recarga o llenado de gas natural o hidrógeno, cuya finalidad es “alcanzar una mejora sustancial en los índices de eficiencia y ahorro energético y en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono” y de la que se podrán beneficiar ayuntamientos, autónomos y empresas privadas que ejerzan su actividad económica en Castilla-La Mancha, ha explicado el portavoz.

La Orden establece dos líneas de ayudas. La primera va dirigida a la instalación de puntos de recarga con sistema de conexión a red o paneles fotovoltaicos independientes para vehículos eléctricos. Las ayudas en este caso oscilarán entre los 3.500 y los 5.500 euros dependiendo de si el punto de recarga es de tipo pared o cable portátil, tipo poste o con conexión a paneles fotovoltaicos exclusivos para la recarga.

En estos casos se podrán solicitar un máximo de tres puntos de recarga por interesado y se subvencionará como máximo el 75 por ciento del coste del equipo, mano de obra incluida, aunque “si el punto de recarga tiene un coste inferior a los 1.000 euros la ayuda podrá ser del cien por cien del coste subvencionable”, ha detallado Hernando.

La segunda línea de ayudas va encaminada a facilitar la instalación de estaciones de recarga o llenado de gas natural, gas licuado del petróleo (GLP) o hidrógeno destinadas a prestar servicio público general y aquellas destinadas al uso privativo de flotas de vehículos industriales de transporte. En las primeras la cuantía máxima será de 100.000 euros, con un límite máximo subvencionable del 40 por ciento, y en las segundas de 50.000 euros, con un tope máximo también del 40 por ciento del coste.

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