El Gobierno regional contribuye al acceso a la vivienda de colectivos especialmente desprotegidos con la entrega de cuatro nuevos inmuebles de Bankia

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha manifestado que las viviendas con algún tipo de protección pública o social “van destinadas a familias que con esta oportunidad van a poder iniciar la creación de su hogar”, una finalidad que, ha dicho, “se encuadra con nuestra visión de la política de vivienda pública como social e integral y que ayude a las personas que más lo necesiten”.

Así lo ha expresado en la entrega de cuatro viviendas en régimen de alquiler tras la materialización de un convenio con Bankia, por el que la entidad financiera ha aportado inicialmente un total de 19 viviendas a la bolsa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La consejera ha estado acompañada en el acto, celebrado en la Casa Perona, por el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo; el delegado del Gobierno regional en Albacete, Pedro Antonio Ruiz; el director de Bankia de la zona de Albacete y Cuenca Sur, Carlos Fernández-Pacheco; y el director de RSC Área de Responsabilidad Corporativa de Bankia, David Menéndez.

García Élez ha remarcado que a los cuatro inmuebles entregados hoy hay que sumar otros 97 que se han puesto en manos de ciudadanos albaceteños estos dos años, por lo que “en lo que va de legislatura ya se han superado el centenar de viviendas puestas a disposición de los demandantes en la provincia de Albacete”. Para seguir en esta línea, la consejera se ha mostrado abierta a seguir en la senda de este tipo de convenios con entidades privadas para “solucionar un problema tan acuciante como son los desahucios”.

Desde el inicio de legislatura, el Gobierno de Emiliano García-Page ha dado “un giro radical a la política de vivienda en Castilla-La Mancha respecto al mandato anterior. Ahora el eje central está siendo atender a una realidad social acuciante: el acceso a una vivienda digna para personas mayores, víctimas de desahucio, personas con discapacidad, familias y jóvenes”, ha añadido la titular de Fomento.

La Junta de Comunidades ha destinado viviendas de su parque público a aquellas personas que han sufrido la pérdida de su vivienda habitual en el seno de un proceso de ejecución hipotecaria, priorizando a su favor la adjudicación de éstas dentro de las previsiones normativas al efecto aplicables.

Para ampliar la medida y poner a disposición de los ciudadanos castellano-manchegos el mayor número posible de recursos, el Gobierno regional ha firmado un convenio de colaboración con Bankia por el que se procede a crear una bolsa de viviendas, vinculada al citado Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, para que éste sirva “para ofrecer un recurso habitacional alternativo, digno y adecuado, en régimen de alquiler y con unas rentas moderadas y acordes a sus recursos económicos”, ha dicho Agustina García Élez.

La consejera de Fomento ha mostrado la sensibilidad que representa el problema del acceso a la vivienda para muchas familias en el Ejecutivo regional, por lo que “hemos querido concienciar, acercarnos y reconocer este problema para poner los medios y articular posibles soluciones al mismo”.

Así, el programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermedia Hipotecaria se ha puesto al servicio de esa gente que pueda verse afectada por situaciones de riesgo o desamparo habitacional que pueda derivar en una ejecución hipotecaria, con líneas de actuación como información y asesoramiento, para consensuar una solución que contribuya a evitar el proceso de ejecución, “negociando medidas alternativas a las dificultades derivadas del impago que faciliten la conservación de la vivienda por parte de la persona o la unidad familiar”.

Por su parte, Fernández-Pacheco ha asegurado que la entidad está comprometida con este tipo de iniciativas y ha recordado que Bankia está adherida al Código de Buenas Prácticas y al Fondo Social de Viviendas creados por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

“Bankia cuenta actualmente con un total de 2.402 viviendas en condiciones ventajosas y adaptadas a las necesidades de pago de familias en situación de vulnerabilidad”, ha señalado el responsable de la entidad financiera tras destacar que destinan 3,4 millones para mantener el programa de Vivienda Social.

Seis Oficinas de Intermediación Hipotecaria que han evitado 51 lanzamientos

A raíz de este programa se han puesto en marcha, desde octubre de 2015, seis Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH), que ya han atendido a 1.841 personas en riesgo de perder su hogar y han paralizado ya 51 lanzamientos, una veintena de ellos en la provincia de Albacete. A estas oficinas se han adherido hasta la fecha 270 entidades entre ayuntamientos y diputaciones.

Gracias a las OIH se ha extendido la atención al colectivo de personas en riesgo de desahucios y se ha puesto a la Comunidad Autónoma a la cabeza de España en la introducción de la conciliación notarial y registral en materia de ejecuciones hipotecarias y cláusulas suelo, mediante acuerdos con los Colegios Oficiales de Notarios y Registradores de la Propiedad de Castilla-La Mancha.

Bankia aporta inicialmente 19 viviendas al fondo de viviendas de Castilla-La Mancha

Bankia ha mostrado su interés en participar en esta iniciativa para ofrecer en régimen de alquiler viviendas de su titularidad e inicialmente aportará una bolsa o fondo de viviendas propias constituido por un número inicial de 19 viviendas más adendas: ocho en Albacete, dos en Toledo y nueva en Ciudad Real.

El Gobierno regional atenderá a los clientes derivados por Bankia y a través de las OIH realizará las labores de búsqueda de una vivienda de entre las aportadas por la entidad financiera. El arrendamiento de estas viviendas objeto del convenio será de 400 euros mensuales como máximo, no pudiendo superar dicho importe a abonar por cada unidad familiar el 30 por ciento de los ingresos netos totales de la misma.

En este acto de entrega de cuatro viviendas, al no haber ningún demandante que cumpliera los requisitos de ejecución hipotecaria de la entidad, se han ofertado las viviendas a colectivos especialmente desprotegidos, priorizando en las personas que han referenciado los Servicios Sociales y el Instituto de la Mujer.

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