La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Administración regional a recuperar todos los derechos que siguen bloqueados en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), donde sus profesionales continúan con la carrera profesional paralizada, merced a la Ley 1/2012 de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales.
Dicha ley, que aún está en vigor y que CSIF ha pedido sea derogada, está produciendo un trato de desigualdad retributiva entre trabajadores que prestan los mismos servicios, ya que un mismo empleado pudo obtener hasta 2010 (momento de la última convocatoria) un cuarto grado y por tanto actualmente recibir unas retribuciones más altas que otros compañeros que al estar paralizadas las nuevas convocatorias, aún permanecen con un grado inferior al que les corresponde o ninguno.
El personal del Sescam lleva ocho años con la carrera profesional paralizada y el personal interino no cobra carrera profesional en Castilla-La Mancha. Otras comunidades han seguido manteniéndola activa como Aragón, Comunidad Valenciana y La Rioja, y algunas como Madrid y Murcia han comenzado a reactivar la carrera profesional. CSIF se une así a las reivindicaciones que hizo el pasado 8 de noviembre al Ministerio de Sanidad con la propuesta, entre otros asuntos, de unificar y homogeneizar la carrera profesional.
Asimismo, es necesaria la sustitución de los trabajadores de todas las categorías sanitarias y no sanitarias desde el primer día, ya que todos los profesionales son imprescindibles y más en la situación deficitaria de las actuales plantillas y la aplicación de Bolsa de Trabajo del Sescam, Selecta, sigue sin estar en su máximo rendimiento en relación a depuración de listados. Además, los listados actuales para la realización de ofertas son del 2015, estando pendiente de publicación los listados de méritos aportados en el 2016 y en 2017.
En materia económica, los profesionales de la sanidad castellano-manchega sufren una pérdida salarial acumulada del 16,5% desde 2010 y continúa la jornada laboral de 37,5 horas semanales, mientras que en otras comunidades como Extremadura y Andalucía hay medidas para la flexibilización de las dos horas y medias adicionales que en la región no se quieren contemplar.
CSIF denuncia que el Sescam hay penalización retributiva en las bajas laborales, se mantiene la pérdida retributiva aplicable a los módulos de mayores de 55 años y no se sustituyen a los trabajadores en las licencias por asuntos propios según recoge la ley 1/2012. Los profesionales aún no han cobrado la productividad variable del año 2016 ni la del 2017.
CSIF sigue reivindicando el crecimiento de las plantillas orgánicas tanto en Atención Primaria como en Especializada, ya que lo único que se ha conseguido es una recuperación muy lenta de las plazas perdidas en la anterior legislatura, no llegando actualmente a los ratios de profesionales por categoría y paciente en relación a otras comunidades y a Europa.
Falta formación
CSIF sigue solicitando en todas las mesas de negociación, que la formación que requieren los profesionales para estar al día en las nuevas técnicas y tecnologías así como la referida a la prevención de riesgos laborales sea realizada en horario laboral o en los casos en los que se realice fuera del turno de trabajo ésta sea reconocida como jornada laboral ya que es obligación de la Administración formar correctamente a los trabajadores para aportar la máxima calidad en su puesto de trabajo y velar por su seguridad.
También CSIF ha solicitado un Concurso de Movilidad Interna Voluntaria para la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, la Gerencia de Coordinación e Inspección y para el ámbito de la Atención Primaria, que no disponen de esta movilidad, a diferencia del ámbito de la Atención Especializada y el Acuerdo firmado en febrero de 2016 entre el Gobierno regional y los sindicatos CCOO, UGT y FSES (Anpe y Satse) fue claramente insuficiente porque no contempló la recuperación de todos los recortes y derechos perdidos. CSIF subraya que todas las reivindicaciones son legítimas después de los esfuerzos realizados por los empleados públicos durante la crisis.
