IU de Argamasilla de Calatrava lamenta que el PP rechace el nuevo Reglamento de Guardería Rural que refuerza la protección de los bienes públicos

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha lamentado que el PP rechazara el nuevo Reglamento de Guardería Rural que refuerza la protección de los bienes públicos, aprobado en el pleno celebrado el pasado 26 de abril, «simplemente por razones partidistas, sin mirar el bien de su pueblo y de las propiedades de todos».
caminos
El nuevo reglamento salió adelante con los votos a favor de PSOE, IU y Ciudadanos, y el voto en contra del PP.

En este sentido la coalición de izquierdas ha recordado que, gracias a su iniciativa, se han introducido propuestas que elevan de graves a muy graves las infracciones cometidas por el corte de caminos públicos y la alteración de señales y mojones que delimiten terrenos de titularidad municipal (pasando así las sanciones del rango de 151 a 600 euros al rango de 601 a 3.000 euros), algo que el PP rechazaba argumentado que estaba en contra de «aumentar las prohibiciones y sanciones».

IU también ha propuesto una enmienda que incluye la prestación de auxilio en todo momento a los técnicos municipales, especialmente en la administración del patrimonio municipal, arqueológico y cultural en el ejercicio de funciones inspectoras, así como la vigilancia del patrimonio arqueológico y cultural

En este contexto, IU subraya que «querer invadir o usurpar los terrenos municipales, que son de todos, no debe salir barato, así como cortar caminos públicos, una acción que puede ocasionar accidentes graves a ciclistas o motoristas al encontrarse con un alambre o un cable cruzando un camino».

Así, IU no entiende la posición del PP, que rechaza todo esto, «salvo como una posición partidista». Además IU ha afeado a los populares su argumento de que «primero se ha de arreglar el pueblo y luego el campo».

«Creemos que hay que gestionar todo el termino municipal de la mejor manera posible y, sobre todo, respetando la obligación legal de defender los bienes públicos y la seguridad de las personas que los usan», concluye IU.

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