¿Un país menos chungo?

pedro oliverDos muestras de la inercia de Estado en materia internacional que mucho me temo siguen retratando a España como un país chungo (y enturbiando, bien que lo siento, la política de gestos humanitarios que inauguró el nuevo Gobierno para desmarcarse de ese populismo derechista que cierra puertos y fronteras a huidos, refugiados y migrantes): 

– 1.- El Gobierno español aprueba las políticas armamentísticas que promovió Cospedal para dar satisfacción a Trump. Patético y provocador. Todo ese gasto militar, por lo demás desorbitado, además de alentar la guerra, sepulta bajo inmensas capas de gasto la credibilidad de cualquier política social. De esa manera todo puede empezar a sonar falso, demasiado falso y, tratándose de la OTAN, demasiado insoportable para una cultura política de izquierda.

– 2.- La judicatura española tiene muy mal perder. Como era previsible, es ya un hecho incontrovertible el ridículo judicial del juez Llarena, el Tribunal Supremo y toda esa cohorte de torpes penalistas que, pese a las evidencias, han insistido en detectar expresiones de violencia política donde hubo una movilización social pacífica, una extraordinaria respuesta de desobediencia civil a la prohibición del referéndum del 1 de octubre y, en todo caso, un reguero de imágenes de cargas policiales que pudieron verse en las TV del mundo entero. Que nuestros penalizadores y penalistas sean torpes, puede asumirse (tendrán que estudiar más, renovar lecturas y salir de su matrix nacionalpunitivista para verlo todo con más mesura y claridad); pero la crueldad de sus planteamientos no será nunca disculpable. En los tribunales europeos se seguirá viendo que ni en septiembre ni en octubre de 2017 hubo delitos graves en Cataluña y que, a lo sumo, de aquellas jornadas conflictivas podríamos destilar algunos desórdenes y desobediencias acaso no punibles con penas de cárcel, lo que demostraría la crueldad de las prisiones provisionales y la terquedad del sostenella y no enmendalla con el único fin de seguir pidiendo castigos de hasta 30 años de pena privativa de libertad. Hasta el delito de malversación podría estar forzado y malamente argumentado (veremos).

Yo pediría que una comisión de expertos-as internacional hiciera un examen a la estructura judicial española, sobre todo que revisara su talón de Aquiles: su politización y, en fin, el lamentable y caótico espectáculo que no pocas veces ofrece a la luz del principio democrático de la separación de poderes. Ese test con propuestas de corrección debería realizarse cuanto antes. O nos lo van a seguir haciendo de facto por ahí fuera, de juez europeo en juez europeo, de opinión pública internacional en opinión pública internacional, y de trompicón en trompicón, para vergüenza nuestra. Podríamos ser, en efecto, un país con mejor fama, sin jueces genuflexos, sin fiscales cuya tipificaciones son exageradas por el momento político que más conviene a sus jefes del Gobierno, sin prisiones preventivas desproporcionadas y antigarantistas, sin violencia institucional con los detenidos, sin leyes mordaza…

Pero, mientras tanto, así las cosas, y un poco hartos ya de tantas señales de humo y de tantos gestos bonitos y ‘menos malos’ que los del PP y Cs, por favor, que el nuevo Gobierno del PSOE con apoyo de PODEMOS y todo el frente antiRajoy, añada soluciones a las gesticulaciones: 1) Que no se sienta heredero del militarismo del PP (no sólo por la corrupción era Rajoy un gobernante detestable); y 2) Que los presos políticos catalanes (o, si lo prefieren, quienes están encarcelados por motivos tan evidentemente políticos como haber participado en la movilización independentista), sean liberados de inmediato. Y así al menos seguiríamos apreciando un cambio de lustre en la imagen de este país.

Pedro Oliver Olmo
Sobre el muro

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7 COMENTARIOS

  1. Conclusión, la ideología por encima de la ley. La política en vez de la aplicación del Derecho.

    Ni el diablo podría sentirse seguro en un Estado donde las leyes no se respetasen.

    Y si los números no salen para cambiar las leyes o denunciar los Tratados internacionales que España tiene suscritos (no se puede querer saltárselos y a la vez gozar de sus ventajas -Schengen por ejemplo-), pues dá igual, generamos un caos y alarma social, porque la realidad debe ajustarse forzosamente a la ideología, que además no es confirmada por la voluntad mayoritaria expresada por los españoles en unas elecciones o en un referendum.

    Y lo de que no hay violencia en Cataluña eso lo dirá usted, como en los años ochenta y noventa cientos de miles de vascos se fueron de su tierra, ahora lo hacen los catalanes unionistas (no solo las empresas) por esa presión y omnipresencia nazionalista bajo amparo de las instituciones públicas.

  2. Dos apuntes:
    1. El Sr. Sánchez comprende al Sr. Trump pero España está comprometida con la OTAN. Es necesario tener en cuenta otros parámetros y realizar un análisis más completo que vaya más allá de la inversión en Defensa.
    2. En España no hay ni presos políticos ni exiliados. Estamos ante una añagaza de quienes, no teniendo razones con qué argumentar sus acciones, recurren a la sinrazón del lenguaje aplicado al margen de su sentido propio.
    Al fin y al cabo ‘chungo’ es lo que queda del lenguaje de la movida…..

  3. A excepción de lo de los presos políticos, que claramente son políticos presos, no se te puede mover una coma de lo que dices.

    Lo del crédito extraordinario de Defensa ha sido vergonzoso, y que Llarena no tenga ya un expediente disciplinario en marcha es algo de traca.

    Qué el problema catalán siga judicializado es una vergüenza para España. Y así nos están dando en el hocico desde Europa. O sea, que aún quedan muchos «francos» por sacar de muchos valles.

  4. La demagogia es la degeneración de la democracia. Así, si una mayoría decide incumplir la ley o establecer una nueva norma, su decisión se ha de respetar. Si, por ejemplo, mañana una mayoría de ciudadanos decide que las personas ancianas que estén muy enfermas deben ser eliminadas (perdón por el eufemismo), el resto ha de aceptar la decisión. En puridad, estamos ante un ejercicio de democracia; lo ha decidido la mayoría de los ciudadanos. Derecho a decidir, ¿les suena?

    La Ministra de Justicia alemana declaró, al conocer que el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein no veía delito de rebelión en los actos de Puigdemont, que la decisión “Es absolutamente correcta. La esperaba”. La ministra «la esperaba», quizá hasta la conocía. A continuación dijo que España tendría que demostrar el delito de malversación si quería extraditar a Puigdemont, algo que, dijo, «no será fácil». De no poder demostrar el delito de malversación, «Entonces Puigdemont será un hombre libre en un país libre, es decir, en la República Federal Alemana”. Me pregunto si el articulista avizora, presume, barrunta algún rastro, vestigio, partícula de eso que se denomina división de poderes en las declaraciones de la ministra. Ruego se notifique el descubrimiento, se gratificará.

    En cuanto a esa comisión de expertos internacionales que pondrá orden en la Justicia española, ruego, por favor, no sean cubanos ni venezolanos. Lo mejor es que sean suizos, ese país tan democrático, con esa Justicia ejemplar que se encarga de proteger ferozmente el secreto de las fortunas de asesinos, genocidas, dictadores, traficantes de armas y seres humanos y narcotraficantes. Podría sumarse a esa comisión algún Lord inglés, de esos que negaron la extradición de Pinochet, ese angelito añoso y decrépito, a España. Aunque, quizá, esto no guste mucho al articulista. Añadamos también un juez belga. Uno de esos jueces belgas que ampara a pederastas, etarras y falsificadores. El último en refugiarse en la muy justa Bélgica es un tal Correa, expresidente de Ecuador; compadre de Chávez, Morales y los Castro. Por supuesto será inocente. No sé, en fin, podríamos seguir buscando expertos internacionales entre las democracias europeas, esas que nos dan lecciones de justicia, pero ya es tarde. Se lo dejó al articulista.

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