El Gobierno regional completa la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género con un acuerdo a nivel nacional

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha sumado al acuerdo que la Administración del Estado y todas las comunidades autónomas han adoptado hoy para facilitar la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas que sean víctimas de violencia de género, lo que supone el “complemento perfecto” a un asunto ya regulado en la región y que ahora se completa con el resto de Administraciones Públicas.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado este acuerdo en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, que hoy se ha convocado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tras nueve años sin reunirse.

Este encuentro ha servido, en primer lugar, para aprobar, sin ningún voto en contra, el reglamento de funcionamiento de la propia Comisión Sectorial.

Además, entre otros asuntos, el orden del día incluía el Acuerdo para Favorecer la Movilidad Interadministrativa de las Empleadas Públicas Víctimas de Violencia de Género, que también ha sido aprobado.

Este acuerdo, en palabras de Ruiz Molina, es “para Castilla-La Mancha el complemento perfecto”, dado que la Comunidad Autónoma ya tiene aprobadas múltiples normas relacionadas con este importante asunto.

En este sentido, Ruiz Molina ha subrayado que la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha ya contempla la posibilidad de movilidad para aquellas empleadas públicas que sean víctimas de violencia de género en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Esta posibilidad también se ha incluido esta legislatura en el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se aprobó por unanimidad el pasado año; en el II Plan para la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, rubricado el pasado mes de mayo, y, finalmente, en la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, aprobada recientemente en las Cortes regionales y en la que hay un apartado específico para tratar los derechos de aquellas empleadas públicas que son víctimas de violencia de género.

“Es la guinda a ese pastel que teníamos regulado en el ámbito de la Comunidad Autónoma y ahora ya lo hacemos con el consenso del resto de Administraciones Públicas, de tal manera que en el supuesto de que no pudiéramos ofrecer o que a la víctima no le interesara un puesto en el ámbito geográfico de nuestra Administración, tenemos la posibilidad de facilitarle un puesto de trabajo en otra administración, en un ámbito geográfico diferente al de la Comunidad Autónoma”, ha resaltado Ruiz Molina.

Esa movilidad interadministrativa se acometería “respetando siempre” la intimidad de la víctima de violencia de género y, desde luego, haciéndoselo por parte de la Administración “lo más fácil posible”, en la medida en que “son personas que están pasando por situaciones de extrema gravedad”, ha añadido el consejero.

El 65 por ciento de los más de 74.000 empleados públicos de la Administración regional son mujeres, por lo tanto, ha concluido Ruiz Molina en relación con este asunto, “es un día importante para una regulación que ya tenía Castilla-La Mancha y que se ha completado con este acuerdo adoptado en esta primera reunión de la Conferencia Sectorial”.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas se ha referido a continuación a otro de los asuntos tratados en la reunión, como es la posibilidad de facilitar la movilidad entre el conjunto de empleados públicos de todas las Administraciones Públicas, que ascienden a más de 2,5 millones.

Sobre este particular Ruiz Molina ha señalado que facilitaría un aspecto importante por el que viene trabajando el Gobierno de Castilla-La Mancha y que es la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todos aquellos que prestan sus servicios en la Administración.

Finalmente, Ruiz Molina ha agradecido a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, la convocatoria de esta Conferencia Sectorial, después de no haberse reunido en nueve años, dado que es una cita “importante” para la “coordinación de aspectos fundamentales”.

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