CCOO y UGT de Castilla-La Mancha hacen un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a expresar a través de la movilización social su indignación y sus exigencias ante la decisión del Tribunal Supremo sobre la sentencia de las hipotecas, fallando finalmente que serán los clientes quienes tengan que asumir el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
En este sentido, UGT y CCOO animan a participar, mañana sábado 10 de noviembre a las 18.00 horas, en las diferentes movilizaciones convocadas en nuestra comunidad autónoma. En Albacete, frente a los Juzgados (C/ San Agustín, 1), y en Toledo también frente a los Juzgados (C/Marqués de Mendigorría, 2)
Ambos sindicatos reivindican la independencia del poder judicial y una Ley hipotecaria justa, denunciando el “bochornoso espectáculo” que ha protagonizado el poder judicial, que contribuye a aumentar el desprestigio de la justicia en nuestro país.
Más aún, el fallo emitido «pone en cuestión la misma calidad de nuestra democracia al deteriorar dos de sus pilares: la independencia del poder judicial y el principio de igualdad ante la ley».
La decisión del Tribunal Supremo «es indignante no sólo porque va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad y a favor del sistema financiero, sino porque ésta ha venido forzada por un replanteamiento del fallo que previamente había dado a conocer el tribunal competente con toda legitimidad, poniendo en cuestión la independencia del poder judicial. Gestión tan infame de esta “rectificación” no se resuelve pidiendo disculpas», señalan los sindicatos.
El proceso, consideran, también ha puesto en cuestión la «inacción» del poder político «ya que el proyecto de ley hipotecaria, donde tendrían que estar reguladas estas cuestiones, lleva dos años en sede parlamentaria pendiente de tramitación». Así, añaden, «la ausencia de iniciativa desde la política es responsable del exceso de protagonismo de los tribunales en la regulación de la cosa pública».
«En estas condiciones es indispensable exigir responsabilidades a quien desde el poder judicial ha tomado la decisión de la reconsideración de la sentencia del tribunal competente metiendo al país en este despropósito y velar por la independencia de la justicia; así como exigir medidas y la pronta tramitación de una Ley Hipotecaria que preserve los intereses de la ciudadanía», concluyen.
