Fausto Marín: “El no interesado y partidista del PP a los Presupuestos es un ataque a los trabajadores, pensionistas y estudiantes de Ciudad Real”

El diputado regional de Partido Socialista, por la provincia de Ciudad Real, Fausto Marín, no entiende que dirigentes `populares´ de la provincia, como José Alberto Martín-Toledano, prefieran “por intereses partidistas y partidarios” que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, a que Ciudad Real se beneficie de la inversión prevista, de 197 millones de euros, que suponía un incremento del 87% respecto a años anteriores, “a eso se le llama deslealtad con los habitantes de la provincia de Ciudad Real”, señala el dirigente socialista.

Afirma Marín que con este `no´ del PP a los PGE “de la mano cómplice de los partidos independentistas y la extrema derecha”, tanto Martín-Toledano, como Carmen Quintanilla o Rosa Romero, están diciendo no a que los 98.800 pensionistas ciudadrealeños “recuperen la dignidad que el PP les había arrebatado; a que no se luche contra la pobreza infantil y energética; a que no se aumente la partida para combatir la violencia machista; a que no se favorezca el Estado de Bienestar, a que se paralice la subida del salario mínimo interprofesional a 100.000 ciudadrealeños, ni a que los 36.000 autónomos de la provincia vean satisfechas las mejoras sociales contempladas”.

En este punto, donde los dirigentes del Partido Popular solo ven alegría -dice el parlamentario socialista- , el PSOE “se sorprende del egoísmo, sectarismo y la hipocresía que desprenden”.

Por ello, Fausto Marín, lamenta que después de siete años de unos PGE de Mariano Rajoy “realizados de espaldas a Ciudad Real”, se haya dicho no a unas cuentas eminentemente sociales, que ponían en el centro de las políticas a los ciudadanos y ciudadanas, contemplando una subida del 10% del sistema de becas público, propuestas por la natalidad, como la ampliación del permiso de paternidad hasta 8 semanas para los padres, o medidas para el colectivo de las personas dependientes, como la de devolver a unas 3.500 cuidadoras el derecho a estar dadas de alta en la Seguridad Social, finaliza indicando.

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