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Concentración para iniciar la recogida de firmas contra el «fraude» en la contratación de la función pública

- 30 septiembre, 2019 – 21:13Sin comentarios

Comunicado ANIL.- El próximo miércoles 2 de octubre a las 13:30, Manuel Martos, letrado especialista en Función Pública y derecho laboral, presidente de ANIL y secretario general de SINTEF, recoge en el Congreso de los Diputados los pliegos de firmas (500.000) para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha presentado en el Congreso de los Diputados y se ha admitido, por la cual se solucionará el problema del fraude en la contratación existente en la función pública, y así dotar de estabilidad a 700.000 trabajadores en fraude que cuenta la Administración entre sanidad, educación, justicia y servicios generales. 

Como promotor de dicha ley, Manuel Martos, ya está organizando, por provincias, para recabar las 500.000 firmas. Recordemos que es la segunda ley que presenta, siendo ésta de vital importancia, ya que, de no aprobarse, los afectados, más de 700.000, pueden verse sin empleo después de décadas por culpa de los acuerdos firmados del Gobierno con los sindicatos que, supuestamente, representan los intereses de los trabajadores en la Administración CCOO, UGT y CSIF. Esta traición está demandada en la Audiencia Nacional y próximamente tendrá juicio (noviembre).

Esta ley es, de facto, la transposición de la Directiva Europea 1999/70 que el Gobierno de España no ha efectuado nunca desde 1.999, incumpliendo, por ello, sus obligaciones (el plazo de transposición cumplió en 2.003). La ILP dará cobertura y tranquilidad a todo este personal, que está viendo cómo son cesados sin respetárseles los derechos más básicos y reconocidos en dicha norma de obligado cumplimiento por los países miembros de la UE. 

El TJUE, en breve, resolverá las dudas planteadas por las juezas españolas (madrileñas), en atención a la aplicación de la Directiva Europea en España, ya que se están creando dudas acerca de qué se entiende por estabilidad. La ILP dará cobertura legal al vacío normativo existente y sancionará el abuso que, hasta ahora, está quedando indemne, aún teniendo infracciones y sanciones de la Comisión Europea, así como sentencias del TJUE que reconocen que España, de forma sistemática, incumple.

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