Multas millonarias para empresas de montajes que operan en Puertollano por formar parte de un cártel para encarecer servicios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado y sancionado el cártel organizado por 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial, que fue creado para encarecer los servicios prestados fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. Entre las multadas se encuentran las más importantes que operan en Puertollano, bien con sede, bien como pertenecientes a grandes grupos empresariales.

Las sanciones al conjunto de las empresas se elevan a 54,26 millones de euros y, en el caso de los directivos implicados, a un total de 280.500 euros.

Entre las empresas multadas figuran dos filiales de ACS. De hecho, la mayor sanción ha recaído sobre una de ellas, Mantenimiento y Montajes Industriales (MASA), con 14,64 millones de euros, mientras que la otra filial, Mantenimiento y Ayuda a la Explotación y Servicios (MAESSA), ha sido sancionada con 3,49 millones de euros.

Junto a ellas figuran otras empresas como Duro Felguera Operaciones y Montajes, con una multa de 1,32 millones de euros, y Sacyr Nervión, con una sanción de 1,16 millones de euros.

Las mayores multas corresponden a MASA (14,5 millones), Navec (9,3 millones), IMASA (9,2 millones), MEISA (4,84 millones), MAESSA (3,49 millones), Tamoin (3,44 millones), Duro Felguera Operaciones y Montajes (1,32 millones), Sacyr Nervión (1,16 millones) y TMS (1,12 millones).

También formaban parte del cártel ACSA (110.000 euros), Atrian Technical Services (914.000), HGL (873.834), Enwesa, (860.000), Montajes Bardadun Industrial (38.577 euros), Mecánicas Bolea (650.000), Millecasa (937.507), Montajes Mecánicos la Puertollanense (560.999), Montajes Metálicos Faysol (267.229), y Pregabricación y Montales del Norte (471.036 euros).

Además, la CNMC ha puesto en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, el expediente sancionador para que las empresas participantes en el cártel queden sujetas a una prohibición de contratar con el sector público, excepto en el caso de las empresas que solicitaron acogerse al Programa de Clemencia de la CNMC, que vigilará a las compañías para que no vuelvan a repetir esta conducta ilícita.

El montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos de seguridad, calidad industrial y medioambientales. Por ello, según explica la CNMC, las grandes empresas del sector energético y petroquímico adjudican dichos servicios a empresas especializadas para el mantenimiento de instalaciones como depósitos, tanques en centrales de generación y aeropuertos. La contratación se realiza a través de licitaciones privadas.

En concreto, según el organismo presidido por José María Marín Quemada, las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura, fijar compensaciones y precios.

Dichas actuaciones se consideran constitutivas de un cártel, una conducta prohibida, de acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la UE.

En este contexto, han sido sancionados a título individual 8 directivos con las siguientes cantidades:

REPARTO DE LICITACIONES DURANTE 17 AÑOS

Desde el 18 de enero de 2001 hasta la realización de las inspecciones en julio de 2017, el cártel se repartió al menos 746 licitaciones. Estos concursos privados los realizaron cerca de una veintena de clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico.

La CNMC ha acreditado al menos 18 reuniones a las que acudían las empresas de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel.

En este sentido, según la CNMC, diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban «para empresas locales», coordinados por una empresa de ámbito nacional. La empresa coordinadora era la encargada de organizar la presentación de las ofertas con las empresas locales, cuya actuación era complementaria, pero necesaria, para hacer efectivos los acuerdos anticompetitivos.

‘MODUS OPERANDI’ DE LAS EMPRESAS

El ‘modus operandi’ de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje.

En una etapa posterior, explica la CNMC, las empresas se intercambiaban versiones de archivos ‘Excel’, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Posteriormente, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes, indicando con un sí o con un no, si las empresas participaban en una licitación concreta.

Los mecanismos de contacto entre los partícipes de la trama también fueron evolucionando a lo largo de 17 años para dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta WhatsApp o correos electrónicos.

La CNMC ha señalado que la detección del cártel ha sido posible gracias a la denuncia realizada por la empresa Navec que, al poner en su conocimiento la existencia del cártel, a través del Programa de Clemencia, se ha beneficiado de la exención en el pago de la multa impuesta. Sin embargo, uno de sus directivos, también sancionado, no se ha beneficiado de las reducciones previstas al no colaborar con la CNMC.

Por otra parte, tras las inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas participantes en el cártel, Enwesa, presentó una solicitud de reducción del importe de la multa y aportó elementos de prueba adicionales, por lo que se le ha reducido la multa impuesta en un 50%.

Por último, la CNMC ha remitido esta resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, ya que algunas empresas pueden verse afectadas por una prohibición de contratar con el sector público.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, y se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación.

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18 COMENTARIOS

  1. No pasa nada en las siguiemtes paradas los peones de 12€ hora se la bajamos a 10€ y a los oficiales de 16€ a 14€ y todo solucionado….por poner un ejmplo.

  2. Ya había una serie que vale para todos en este pueblo,LOS LADRONES VAN A LA OFICINA,que buena serie,toda coincidencia con la realidad es pura casualidad.

  3. Como dijo Gandhi, «en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanta como para satisfacer la codicia de algunos»…. 

  4. Si la historia ahora va a estar en que todo ese engorde de precios va a ser (como siempre), en que había gente interesada dentro de las citadas petroleras en engordar esos precios, para luego obtener algún tipo de mordida derivada de dichas abjudicaciones.
    O acaso pensáis que Repsol, Campsa, CEPSA, bp, Petronas, etc, no saben de que va la jugada?

    • Como lleva pasando desde tiempos inmemoriales…y sino por qué a estas empresas les siguen dando premios, contratos, etc.? Entiendo que algún tipo de represalia deberían tener cuando las empresas principales han pagado de más por hacer los trabajos en cientos de contratos a las contratistas. Pero obviamente…entre bomberos no se pisan la manguera!

  5. Se habla de que estas empresas han engañado a REPSOL y CEPSA.

    Pero no se comenta nada de que estas empresas tienen responsables de revisar y adjudicar los contratos. Estos responsables conocen muy bien los costes reales de los trabajos y saben en que márgenes adjudicar los contratos y por tanto algunos de ellos son elementos necesarios para llevar a cabo el engaño.

    No hay que olvidar, que las petroleras, antes empresas públicas, son pesos pesados dentro de la economía nacional. Con lo que estos actos sobrepasan con mucho el simple acto ilegal contra una empresa privada, estos actos tienen una grave repercusión sobre la economía local y nacional, sobre el empleo y sobre la seguridad laboral.

    Esta investigación debería desembocar en la identificación y dura sanción de todos los implicados, incluidos los de las empresas engañadas.

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