El Gobierno regional remite la Cuenta General de 2018 al Tribunal de Cuentas y a las Cortes

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido al Tribunal de Cuentas y a las Cortes de Castilla-La Mancha la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico de 2018, en la que se incluyen todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante ese ejercicio por la Administración regional.

La Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sido la encargada de elaborar esta Cuenta General, cuyo contenido y estructura se encuentra regulado en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 15 de diciembre de 1997, por la que se aprueba el plan de contabilidad pública aplicable a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Esta normativa establece que la Cuenta General debe ser remitida a las Cortes y al Tribunal de Cuentas hasta el 31 de octubre del año siguiente al que se refiera, tal como hoy se ha hecho por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Además, este documento está disponible en la página web de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como en el Portal de Transparencia.

La Cuenta General está integrada por la cuenta general de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como por las cuentas generales de todos aquellos organismos y entidades que integran el sector público regional y que están sometidos al régimen de contabilidad pública.

Esta Cuenta General incluye todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería que se han llevado a cabo durante el ejercicio 2018 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se estructuran en un balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y una memoria.

Además, se incluyen como anexo las cuentas anuales de las empresas y fundaciones del sector público regional que no están sometidos a contabilidad pública.

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