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El PP de Villarubia de los Ojos exige al alcalde que «ponga orden en los plenos y no permita los insultos y amenazas»

- 19 noviembre, 2019 – 10:03Sin comentarios

Comunicado.- El 14 de noviembre, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos presentó en el registro una solicitud para que se respeten los derechos constitucionales de los miembros del grupo y los que la ley les confiere como parte de la Corporación, incluyendo además los que rigen las sesiones plenarias y que viene recogidos en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en relación a las intervenciones del asesor jurídico del Ayuntamiento, durante la sesión plenaria.

En dicha solicitud se pide al alcalde que ponga orden durante las sesiones plenarias y evite que se reproduzcan las mismas faltas de respeto, insultos y amenazas que los familiares, afiliados y simpatizantes, e incluso el secretario del ayuntamiento, dirigieron al equipo del Partido Popular por hacer su labor de oposición y realizar la crítica derivada  del control y fiscalización al equipo de Gobierno.

El Grupo Municipal Popular ha criticado al equipo de Gobierno del PSOE por impedir que la oposición realice su trabajo en el pleno y por no mediar y pedir respeto al público simpatizante ni al mismo secretario del Ayuntamiento, más entretenido en ordenar y contestar directamente a las preguntas que desde el Grupo Municipal Popular se dirigían al equipo de Gobierno.

El Grupo Popular pretende que las sesiones se desarrollen con normalidad y que se garantice el respeto y la equidad, de no ser así, tomará medidas legales contra quienes permitan que se repitan los mismo hechos, contra quien, teniendo la competencia, no actúa en beneficio de todos y contra quien incumpla la ley. Estudian trasladar estas quejas al juzgado, al Defensor del Pueblo y a la Subdelegación del Gobierno para que garanticen su seguridad e integridad física y moral.

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