Trabajadores afectados por la externalización del servicio de monitores de natación y de actividades en el Centro de Especialidades Deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Puertollano han lamentado que no se hayan respetado las condiciones y derechos laborales que disfrutaban con anterioridad a la llegada de la empresa adjudicataria.
A su juicio, la privatización de este servicio podría responder a una maniobra de represalias contra los empleados que «más caña» han dado en la defensa de sus derechos.
En rueda de prensa, uno de los trabajadores afectados, Alberto López, acompañado del delegado comarcal de UGT Joaquín García, ha denunciado un procedimiento administrativo de externalización de servicios realizado «con opacidad y con prisas» después de que hasta ocho trabajadores de las bolsas de empleo bienales que regulaban estas contrataciones denunciaran su situación laboral, consiguiendo sentencias favorables en las que, dada su relación con la administración en el desempeño de un servicio continuado en el tiempo, se les considera indefinidos con derecho a readmisión o indemnización.
Hasta el momento se han dictado cuatro sentencias favorables, una de ellas firme, y se estima que las indemnizaciones por los despidos podrían superar los 100.000 euros.
Para estos trabajadores, el hecho de que posteriormente a estas resoluciones judiciales se haya privatizado solo esta bolsa, y que la empresa adjudicataria haya incluso «recortado o ampliado horas a conveniencia» podría responder a represalias.
En este sentido reconocen que al proceso de externalización no se le puede reprochar ninguna ilegalidad, si bien sostienen que es «extraño» y cuestionable ética y moralmente, al tratarse de un procedimiento en el que no se han protegido ni tenido en cuenta los derechos de los trabajadores, algunos de ellos contratados y despedidos en bolsas bienales a lo largo de más de once años, y que además han visto mermadas su horas de servicio hasta el punto de que no pueden «llegar a fin de mes», con salarios que rondan los 500 euros.
Esta circunstancias, insisten, han propiciado que algunos renuncien a trabajar con la nueva empresa. En este contexto han lamentado que trabajadores interinos que disfrutaban de una categoría C2 antes del plan de ajuste de 2011 hayan visto progresivamente mermados sus derechos hasta ser equiparados a ayudantes sin estudios en los procesos de contratación por bolsa para, finalmente, ser empleados por una empresa que no ha tenido en cuenta su historial.
Respecto a la externalización del servicio, también ha aludido a «anomalías» como que la sede de la empresa coincida con la dirección de un delegado de personal de CCOO que ahora realiza funciones de encargado, o que la actividad de la adjudicataria se limite a «contratar y obtener un beneficio» sin que efectúe labores reales de coordinación que siguen a cargo de funcionarios municipales.
