Este lunes se presenta la demanda contra la Oferta de Empleo Público acordada para diferentes cuerpos de la Junta de Andalucía

Comunicado de ANIL, Asociación Nacional de Interinos y Laborales.- Se convoca a los medios de comunicación para el lunes 13 de enero de 2020 a las 11:30 en el juzgado Decano de Sevilla (Prado de San Sebastián), sito en Av. Menéndez Pelayo 2, donde se presentará formalmente la demanda de Impugnacion de la Oferta de Empleo que se ha acordado para los diferentes cuerpos de la Junta de Andalucía, que realiza mediante resolución 12 de noviembre de 2019, y publicada el 15 de dicho mes. 

Se demanda así a la Junta por nulidad y abuso, por cuanto se convocan por oposición las plazas desempeñadas por interinos en fraude, desoyendo la Iniciativa Legislativa Popular admitida en Andalucía (en el propio Parlamento), que determina el ingreso del personal interino longevo por concurso de méritos. Incluso por la Comisión de Control se pidió explicaciones al Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, solicitud pedida y acordada por unanimidad por los grupos parlamentarios el 26 de julio de 2019. 

En la actualidad, además, se está pendiente de la sentencia del TJUE, que también influye, y puede abrir la puerta a la estabilidad del personal (no por oposición), e incluso los daños y perjuicios que se les irrigarían. Esta demanda  afecta a miles de interinos contratados y nombrados por la Junta, que en la actualidad se encuentran en fraude por la mala gestión de la propia administración, siendo las víctimas los propios trabajadores.
La Impugnacion la efectúa AproVada  (Asociacion de Profesionales Valoradores de la Situación de dependencia), con su presidente D. David Núñez Marquez, quien ha sido promotor de la ILP Andaluza. Asiste a esta Asociación como letrado, D. Manuel Nicolás Martos García de Veas, quien preside la Asociación Nacional de Interinos y Laborales, y es además, promotor, a nivel nacional, de la ILP en la que se quiere, también, estabilizar al personal en fraude, a nivel nacional. La ILP nacional se encuentra aún en fase de firma.

Esta actuación de la administración, además de irregular, puede conllevar responsabilidades personales de los firmantes. 

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